El Consejo de Estado aceptó una demanda presentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en contra de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
Esta demanda tiene como objetivo anular la licencia ambiental otorgada para la ampliación de la avenida Boyacá, uno de los principales proyectos de infraestructura en Bogotá. Este proyecto, que busca extender la vía desde la calle 183 hasta la 235, es considerado crucial para aliviar el tráfico en el norte de la capital
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Qué significa esta demanda
El Ministerio de Ambiente presentó la demanda porque busca invalidar una resolución de la CAR (Resolución Dgen núm. 20237000994) emitida en diciembre de 2023. Esta resolución fue la que permitió la ampliación de la Avenida Boyacá.
Además, el Ministerio argumenta que la CAR ignoró un recurso legal (recurso de reposición) que ellos presentaron para cuestionar esta licencia, lo cual generó un “silencio administrativo negativo”. Esto significa que, al no responder, la CAR dio por aprobado el acto de forma implícita.
Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado asume la competencia para decidir si la licencia ambiental debe mantenerse o anularse, lo cual afecta directamente la ejecución del proyecto de ampliación de la avenida Boyacá.
El Consejo de Estado tiene ahora la responsabilidad de tomar una decisión final sobre si la ampliación de la avenida Boyacá puede seguir adelante con la licencia actual o si será necesario modificar el permiso ambiental.
El concejal Daniel Briceño había puesto en el centro de atención la ampliación de la avenida Boyacá, destacando que el avance de esta obra enfrenta obstáculos debido a la falta de pronunciamiento sobre la licencia ambiental necesaria.
Briceño ha señalado una posible alianza entre la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el director de la CAR, Alfred Ballesteros, que podría estar frenando el proyecto.
Según Semana, a pesar de que la licencia ambiental fue aprobada por Ballesteros, se han presentado recursos de reposición solicitando la detención del proyecto. El concejal cuestiona la falta de respuesta de Ballesteros a estos recursos, lo que podría poner en riesgo la viabilidad de la obra.
Briceño también recuerda que, cuando Muhamad era secretaria de Ambiente de Bogotá, apoyó la inclusión de esta extensión en el Mepot para mejorar la movilidad. Sin embargo, ahora cuestiona el cambio de postura de la ministra, quien expresa preocupaciones ambientales sobre el impacto del proyecto en la reserva ambiental Thomas van der Hammen.
Las críticas de Muhamad a la ampliación
Susana Muhamad ha instado a buscar alternativas para la ampliación de la avenida Boyacá en Bogotá. La ministra enfatizó la necesidad de garantizar el derecho a la participación ciudadana y la transparencia en la publicación de estudios, cuestionando la falta de un diagnóstico de alternativas y la elección de pasar por encima de la reserva como primera opción.
El proyecto de ampliación de la avenida Boyacá ha generado preocupación debido a su impacto ambiental. Según las declaraciones de Muhamad, el Gobierno no busca frenar el desarrollo de la región, sino promover un modelo de desarrollo sostenible.
La ministra destacó la importancia de mantener una franja continua de conexión entre el río Bogotá y los cerros orientales para preservar la reserva regional.
En Bogotá, se está llevando a cabo la obra de valorización que incluye la construcción de un corredor vial de 1,3 kilómetros.
Este proyecto contempla dos carriles para el sistema de transporte Transmilenio, dos carriles mixtos, una ciclorruta bidireccional en el separador central y andenes de 4,6 metros de ancho a ambos lados de la vía. El costo total del proyecto, que incluye la interventoría, asciende a $80.910 millones.
Además, se planea la instalación de cuatro intersecciones semaforizadas con pasos peatonales para mejorar la seguridad vial en la zona.
El Ministerio de Ambiente ha subrayado la necesidad de ser serios en la publicación de estudios de tránsito y ha cuestionado la falta de un diagnóstico de alternativas. Muhamad ha recalcado que la ciudadanía tiene derecho a un debate informado, ya que está en juego la protección de un ecosistema vital para la región.
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