El 23 de octubre de 2024, los representantes a la Cámara Jhon Jairo Berrío, del Centro Democrático, y Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, expresaron sus posiciones en torno a la reciente confirmación por parte de la empresa israelí NSO Group sobre la venta del software de espionaje Pegasus a Colombia.
Las declaraciones ofrecidas en entrevista con la emisora W Radio evidenciaron el choque entre las visiones políticas de ambos bloques, por lo que se reflejó la profunda división que el caso ha generado en el país.
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La controversia surgió tras la confirmación por parte de la empresa israelí NSO Group de que la transacción del programa informático Pegasus se realizó bajo el mandato del expresidente Iván Duque. La empresa, conocida mundialmente por desarrollar el software utilizado en actividades de ciberespionaje, afirmó que la operación se llevó a cabo respetando las leyes de ambos países.
Es menester acotar que esta confirmación contrasta con las declaraciones previas de funcionarios del gobierno de Duque, quienes, en su momento, negaron la adquisición de la herramienta.
La posición del Centro Democrático
El representante Jhon Jairo Berrío, miembro del partido de oposición Centro Democrático, centró su discurso en exigir al actual gobierno de Gustavo Petro una explicación clara sobre la situación del software, pues el congresista manifestó que la información sobre la compra de Pegasus se ha dado de manera fragmentada, lo que ha alimentado especulaciones.
En ese sentido, señaló que si bien el gobierno de Iván Duque pudo haber concretado la adquisición, el actual gobierno tiene la responsabilidad de aclarar su paradero y uso.
“Queremos saber qué información tiene el presidente Petro y que no la entregue en cuentagotas”, afirmó Berrío, que también lideró una petición formal al gobierno para que entregara los detalles del caso; sin embargo, según el representante, dicha solicitud fue remitida a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf), lo que consideró un obstáculo para obtener la verdad.
En sus declaraciones, Berrío insinuó que la falta de claridad actual sobre el destino de Pegasus podría ser utilizada por el Gobierno de Petro para crear un escándalo en torno a la compra realizada durante el mandato de Duque, por lo que, según él, el tema se ha manejado de manera confusa, lo que lleva a suponer que el software podría estar siendo utilizado por el gobierno actual con fines políticos, dado que el Centro Democrático ahora está en la oposición.
El representante enfatizó que, si bien la compra se realizó bajo un gobierno anterior, el actual mandatario es quien debe responder por el paradero del programa informático, dado que cuestionó el hecho de que qué ni el ministro de Defensa ni los altos mandos de las fuerzas de seguridad saben dónde está ni quién lo está utilizando.
La perspectiva del Pacto Histórico
En contraposición, Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, criticó fuertemente las declaraciones del representante Berrío, calificándolas como un intento de “esconder la responsabilidad” del gobierno anterior. Según el congresista, la confirmación de la compra por parte de NSO Group desmiente las negaciones previas del Centro Democrático sobre la adquisición del software.
Para Mondragón, lo más preocupante es la posibilidad de que Pegasus haya sido comprado con fondos ilícitos, específicamente dinero del narcotráfico, lo que, según él, explicaría por qué no se encuentra bajo control del Estado.
Al respecto, el representante fue más allá, dado que sugirió que el programa informático podría haber sido utilizado para espiar a manifestantes durante las protestas sociales, en un contexto de represión violenta que resultó en la muerte de varios jóvenes.
Por lo tanto, Mondragón cuestionó la insistencia de la oposición en pedir explicaciones al presidente Petro sobre un asunto que, en su opinión, corresponde a la administración de Duque: “Es un descaro que ahora pidan respuestas al presidente Petro cuando fue su propio gobierno el que realizó una compra de manera subrepticia”, afirmó.
Para congresista, el problema de fondo es que el software podría haber quedado en manos de actores políticos afines al gobierno de Duque, convirtiéndolo en una herramienta de espionaje utilizada con fines particulares.
El representante del Pacto Histórico también insinuó que la investigación sobre el uso de Pegasus podría revelar violaciones a los derechos humanos, especialmente si se confirma que fue utilizado para intervenir las comunicaciones de civiles y opositores políticos.
En ese sentido, defendió la postura del Gobierno de Gustavo Petro de divulgar la información de forma progresiva, en la medida en que se avance en las investigaciones.
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