Ella es Iris Marín, la primera mujer elegida como defensora del Pueblo en Colombia

Una de las profesionales más destacadas en el ámbito del derecho constitucional y la justicia transicional en Colombia, Iris Marín Ortiz, recibió un respaldo en la Cámara de Representantes, luego de obtener 170 votos y ser elegida como la nueva defensora del Pueblo.

Este apoyo se debe tanto a su extensa trayectoria como a su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz.

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Actualmente, Marín Ortiz se desempeña como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional, trabajando bajo la dirección de la magistrada Natalia Ángel.

Su formación académica incluye el pregrado en la Universidad del Rosario y una maestría obtenida en la Universidad Nacional.

A lo largo de su carrera, ha estado vinculada con instituciones de gran relevancia como la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia, y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), donde centró sus esfuerzos en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado y en la implementación de políticas de reparación y restitución de tierras.

Uno de los momentos más destacados en la carrera de Marín Ortiz fue su participación como asesora en las negociaciones de paz con las Farc durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, cuando colaboró en la elaboración y aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras.

Además de su trabajo en instituciones nacionales, Marín Ortiz ha mostrado un compromiso consistente con la protección de los derechos humanos.

Este compromiso ha dejado una marca en las organizaciones donde ha colaborado. En la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia y Codhes, ha trabajado en la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado y en la promoción de políticas que buscan restaurar la justicia y garantizar la restitución de tierras usurpadas durante años de violencia.

Marín como defensora de los derechos

El papel de Iris Marín en la defensa de los derechos humanos y la justicia transicional en Colombia ha sido fundamental en numerosas organizaciones y proyectos. A lo largo de su carrera, ha construido un legado significativo en la protección de víctimas y la promoción de la justicia, abordando desde la documentación de violaciones de derechos humanos hasta la implementación de políticas de reparación.

Marín comenzó su labor en la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una organización comprometida con la protección de los derechos humanos en Colombia. Durante su tiempo allí, se concentró en la documentación de violaciones de derechos humanos y la elaboración de informes dirigidos a organismos internacionales. Este trabajo inicial estableció las bases de su enfoque en la justicia y la denuncia de abusos, pilares que mantendría en sus roles sucesivos.

En el gobierno de Juan Manuel Santos, Marín desempeñó un papel crucial en la Unidad para las Víctimas. Su labor se centró en la implementación de políticas de reparación y restitución de tierras para aquellas personas afectadas por el conflicto armado. Su contribución fue esencial para asegurar que las víctimas recibieran el apoyo necesario para reconstruir sus vidas, marcando una diferencia tangible en el proceso de paz del país.

Posteriormente, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Marín se dedicó al tratamiento de casos de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. Su trabajo en la JEP se enfocó en garantizar la rendición de cuentas de los responsables y en la obtención de justicia y reparación para las víctimas, proporcionando un marco de justicia transicional clave para Colombia.

Como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional, bajo la dirección de la magistrada Natalia Ángel, Marín continuó su compromiso con las poblaciones vulnerables, centrándose en la política de desplazamiento forzado. Su papel consistió en revisar casos y elaborar sentencias que protegieran los derechos de las personas desplazadas, aportando una perspectiva jurídica fundamental para la protección de estos derechos.

Marín también tuvo un impacto como asesora en las negociaciones de paz con las Farc durante el gobierno de Santos. En esta función, contribuyó a la elaboración y aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras, siendo una figura clave en los esfuerzos por alcanzar la paz y en la implementación de acuerdos destinados a poner fin al conflicto armado.

En el ámbito internacional, Marín trabajó con ONU Mujeres, enfocándose en la promoción de la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres. Su labor incluyó la implementación de programas y políticas destinados a reducir la violencia de género y empoderar a las mujeres en diversos sectores. Este esfuerzo global complementó su trabajo en Colombia, mostrando su compromiso con los derechos humanos en distintos contextos.

Por último, en su rol en Codhes, Marín se centró en la protección de las personas desplazadas por el conflicto armado. Su trabajo implicó la elaboración de políticas y programas para la atención y reparación de estas poblaciones vulnerables, consolidando su reputación como defensora incansable de los derechos de los desplazados.