Distrito explicó los millonarios contratos con líderes emberá en Bogotá

La administración de Bogotá se enfrenta a un escándalo, tras la denuncia pública del concejal Julián Uscátegui, quien expuso que varios líderes de la comunidad indígena emberá en la capital tienen millonarios contratos con el Distrito.

Según el concejal, 27 líderes comunitarios han firmado contratos por un valor inicial de $276 millones de pesos con diversas entidades del Distrito, cifra que podría duplicarse al finalizar el año.

“Es decir, que, finalizando el año, la cifra ascendería a $566.869.222 millones, en contraste con el año 2023, donde fue de 80 millones de pesos”, indicó el concejal.

Los contratos, registrados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, abarcan áreas como educación, servicios sociales y salud, pero según la denuncia, muchos de estos líderes no cumplen con las obligaciones estipuladas y condicionan la cooperación con las autoridades, junto a la asistencia escolar de los niños a la renovación de dichos contratos.

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Secop funciona como una plataforma transaccional en la que aparecen las cuentas para las entidades estatales y los proveedores. Estas tienen unos usuarios asociados. Desde las cuentas, las entidades estatales crean, evalúan y adjudican procesos de contratación.

El concejal Uscátegui señaló casos específicos, como el de Felipe Restrepo, que supuestamente retiene a 18 estudiantes en el colegio Aulas Colombianas como forma de presionar por más contratos. Además, mencionó a Miguel Ángel Sintua Baniana, que ha declarado públicamente su negativa a que comunidad emberá retorne a sus territorios ancestrales, mientras se beneficia de un contrato de 16 millones de pesos con la Secretaría de Educación.

Este último, denuncian, ha sido radical en no permitir el retorno de su comunidad a sus territorios y señala que ha dicho que no se devolverán hasta que el Gobierno nos cumpla con lo ‘de siempre’. Uscátegui aseguró que este líder ha dicho que no habrá retornos colectivos a menos que les cumplan con las garantías como alojamientos y alimentación.

“Muy lamentable que la Administración del alcalde Galán ceda ante el chantaje y premie con millonarios contratos a los líderes de la comunidad emberá, que no han permitido que los niños, niñas y adolescentes de la comunidad reciban la atención necesaria. Con razón no habían aceptado el retorno o la reubicación. Es un negociazo”, denunció Uscátegui.

El concejal también afirmó que, incluso, hay líderes emberás que tiene dos contratos de forma simultánea.

“Eso podría configurar un aprovechamiento indebido de los recursos públicos; por ejemplo, el líder Felipe Restrepo tiene 18 estudiantes matriculados en el colegio Aulas Colombianas y no permite que asistan a clase, hasta que no le den más contratos. Esta situación se evidencia en el informe de gestión para el pago de dicho contrato, por Claudia Queragama Pepe, líder contratada por la Secretaría de Educación”.

Según Uscáteguí, las entidades responsables de estos contratos incluyen a la Secretaría de Educación Distrital, la Secretaría de Integración Social y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y Norte.

Además, de los 27 líderes contratados, dice el concejal, 9 se encuentran en el Parque Nacional, 6 en la UPI La Rioja, 9 en La Florida, 3 en el Albergue Buen Samaritano y 1 en el de San Cristóbal. “Las principales entidades que han entregado estos contratos son la Secretaría de Educación Distrital, Secretaría de Integración Social, y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y Norte”.

Ante estas acusaciones, el Distrito respondió que en lo corrido de 2024, “la Administración distrital ha garantizado toda la atención humanitaria de las 2.183 personas Emberá, y especialmente del 56 % que son niñas, niños y adolescentes”.

“Todo este esfuerzo integral del Distrito cumple con el enfoque diferencial étnico que garantiza los derechos de los pueblos indígenas como lo exige la Constitución Política Colombiana frente a la protección a la riqueza cultural del país, la preservación lingüística y la educación con enfoque diferencial”, sostuvo.

El Distrito concluyó que no se aceptan incumplimientos o condicionamientos fuera de la ley, pues la vinculación de personal tiene como objetivo la pervivencia de sus usos y costumbres.

Además afirmó que parte de la población emberá en la ciudad no habla español, motivo por el cual miembros de su comunidad sirven como intérpretes, permitiendo que la institucionalidad se acerque, dialogue y preste servicios efectivos.

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