Cámara de Representantes aprobó ley estatutaria para la jurisdicción agraria con amplio respaldo: de esto trata

La Cámara de Representantes aprobó en su cuarto y último debate la ley estatutaria de la jurisdicción agraria y rural. Con un respaldo de 96 votos a favor y 30 en contra para el título y pregunta del proyecto, esta decisión fue celebrada como un triunfo del “cambio” para la protección de los derechos de propiedad y el establecimiento dentro de la legalidad para resolver conflictos agrarios de manera expedita.

La jurisdicción agraria y rural representa un avance significativo para saldar la deuda histórica del Estado colombiano con la ruralidad y cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016, de acuerdo con el Gobierno. Esta jurisdicción, incluida en la Constitución Nacional mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, concede a jueces y magistrados la autoridad para resolver de manera especializada y pacífica los conflictos agrarios y rurales del país.

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El representante del Pacto Histórico, Heráclito Landinez, que fungió como ponente del proyecto, destacó la importancia de esta legislación como un resultado de más de un siglo de lucha y como una manera de saldar una deuda histórica con el país. Durante la discusión en el pleno, el congresista destacó el significado de esta ley para el futuro del campo colombiano.

“La reglamentación de la Jurisdicción Agraria es crucial para proteger los derechos de propiedad en el sector agrario”, dijo el congresista en la red social X (antes Twitter).

La ley estatutaria de la jurisdicción agraria y rural es relevante para la implementación de la reforma constitucional que dio origen a esta nueva instancia. El texto aprobado en la Cámara de Representantes servirá como el punto general que guiará el funcionamiento de esta jurisdicción, la cual busca proteger los derechos de propiedad y establecer un procedimiento especializado para resolver conflictos de manera eficiente, en concordancia con las normativas agrarias vigentes.

En medio del debate, surgió una de las principales preocupaciones de la oposición respecto a la posibilidad de que esta ley abra la puerta a la expropiación. La senadora uribista Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, expresó su inquietud acerca de un supuesto “modelo de expropiación judicial” impulsado por el Gobierno. Sin embargo, el Ministerio de Justicia negró rotundamente estas afirmaciones, al enfatizar que el objetivo principal del proyecto es proteger la propiedad rural sin introducir cambios sustanciales en las reglas jurídicas relacionadas con la asignación de derechos de propiedad.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reiteró en varias ocasiones que el proyecto de ley no contempla ninguna disposición que facilite la expropiación, sino que busca establecer mecanismos para resolver disputas entre propietarios de manera justa y equitativa.

“Este proyecto tiene como finalidad proteger la propiedad, proteger la propiedad rural, no tiene ningún contenido ni explícito, ni implícito, ni subrepticio, ni nada parecido que tenga que ver con expropiación, porque precisamente lo que hace el proyecto de ley es crear unos jueces que no tienen iniciativa de políticas públicas, jueces que resuelven pleitos, que van a poder aplicar el derecho vigente el derecho que establece la propiedad”, mencionó el ministro.

Además de las preocupaciones sobre la expropiación, la oposición también cuestionó el aval fiscal del proyecto. El representante Hernán Cadavid señaló la importancia de garantizar que el proyecto cuente con el respaldo financiero necesario para su implementación efectiva. Sin embargo, el ponente del proyecto aseguró que el aval fiscal cumple con todos los requisitos y que los recursos para la jurisdicción agraria están garantizados.

La representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, instó a sus colegas a tomar con seriedad la cuestión del impacto fiscal del proyecto, advirtiendo sobre los riesgos de respaldar iniciativas que puedan tener repercusiones financieras no previstas. A pesar de estas preocupaciones, la mayoría de los representantes respaldaron el proyecto, destacando su importancia para el desarrollo del sector agrario y la protección de los derechos de propiedad de los campesinos colombianos.

Los mitos “derribados” en torno a la jurisdicción agraria y rural, según el ministerio

• ¿El proyecto pone en riesgo el derecho de propiedad privada? Falso. La ley busca proteger los derechos de propiedad y establecer un procedimiento especial para resolver conflictos de manera expedita siguiendo las normas agrarias vigentes. No modifica las reglas jurídicas para asignar derechos de propiedad.
• ¿El proyecto promueve la invasión de tierras? Falso. La iniciativa respeta la propiedad legítimamente adquirida y no incentiva la invasión de tierras. Los jueces agrarios solucionarán las disputas sobre la tierra.

• ¿El proyecto otorga poderes excesivos a los jueces agrarios? Falso. Los jueces agrarios tendrán facultades para acceder a sistemas de información del Estado y solicitar documentos necesarios, manteniendo las facultades existentes en la legislación actual.
• ¿Los jueces podrán fallar sin práctica de pruebas? Falso. El proyecto incorpora la figura de sentencia anticipada, vigente en el Código General del Proceso, para acelerar los procesos judiciales.
• ¿Los jueces agrarios podrán despojar a otros jueces del trámite de sus procesos? Falso. Los jueces agrarios conocerán todos los asuntos relacionados con predios rurales y actividades agrícolas, conforme al Acto Legislativo de la Jurisdicción Agraria y Rural.