La Procuraduría General abrirá una investigación disciplinaria contra Luis Guillermo Pérez Casas, superintendente de Subsidio Familiar, por presuntamente no acatar la suspensión de tres meses de su cargo. Se indagará si Pérez Casas continuó desempeñando sus labores a pesar del fallo, de acuerdo con información conocida por el medio comunicación colombiano Revista Semana.
La decisión se basa en un informe anónimo que señaló que, a pesar de la resolución del 8 de noviembre, Pérez Casas siguió asistiendo a la Superintendencia y utilizando los canales de comunicación oficiales de manera personal, lo que plantea interrogantes sobre su independencia.
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El funcionario, quien tiene estrechos vínculos con el presidente Gustavo Petro y ha sido su abogado en múltiples procesos penales, anunció que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pérez expresó su preocupación por el despliegue investigativo que involucra medidas intrusivas en su privacidad.
Pérez Casas enfrenta una investigación disciplinaria por presuntamente alterar la lista de candidatos para cargos administrativos en cajas de compensación, lo que llevó a su suspensión. Se alega que incluyó personas que no cumplían con los requisitos, violando principios fundamentales.
Además, la Procuraduría lo vinculó a un caso donde habría solicitado contribuciones monetarias a cajas de compensación para la población de Buenaventura, Valle del Cauca, lo que podría interpretarse como un abuso de poder. Por estos hechos, se le imputaron dos cargos disciplinarios clasificados como faltas graves.
Así el superintendente de Subsidio Familiar fue suspendido
Por tres meses el superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, deberá apartarse de sus funciones debido a que la Procuraduría lo suspendió mientras avanza en la investigación de una irregularidad identificada en la provisión de cargos de director administrativo y agente interventor en las cajas de compensación.
El Ministerio Público formuló pliego de cargos en contra del funcionario designado por el presidente Gustavo Petro, porque realizó modificaciones a la lista de elegibles para proveer cargos al interior de la entidad, lo que podría constituir una falta disciplinaria.
En mayo de 2022, es decir, antes de que Pérez Casas asumiera el cargo y se produjera el cambio de Gobierno, se realizó una convocatoria para conformar la lista de la cual se podrían seleccionar los directores administrativos y agentes interventores de las cajas de compensación.
Sin embargo, una vez llegó Guillermo Pérez a la entidad, en octubre de 2022, habría modificado los requisitos inicialmente establecidos para conformar la lista, según el Ministerio Público, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria para hacerlo.
Esa modificación permitió que el superintendente designara a Juan Carlos Carvajal Rodríguez, el único nombre nuevo, como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila (Comfamiliar Huila), al reducir tanto el lapso para manifestar interés para incluir nombres en la lista, como la experiencia necesaria.
“Para el Ministerio Público, el superintendente habría desconocido los principios de igualdad, legalidad, moralidad, entre otros, dado que disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que era definitiva, obligatoria e inmodificable”, señaló el ente disciplinario.
Debido a esa investigación, en la formulación de cargos, la Procuraduría ordenó la suspensión provisional del funcionario debido a que mientras continúe en esa posición podría continuar modificando el listado para designar directores o agentes liquidadores que no participaron en la convocatoria inicial, que está vigente hasta agosto de 2024.
Este no es el único cargo por el que es investigado Pérez Casas, el Ministerio Público también le formuló un segundo cargo por una aparente solicitud de dinero que hizo a las cajas de compensación, entidades vigiladas por la superintendencia de Subsidio Familiar, con el fin de ayudar a la población de Buenaventura, como fue una iniciativa de Gobierno para finales del 2022.
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