Así va el caso de Marcelo Pecci, que avanza en Colombia, pero no en el exterior

La justicia colombiana ha avanzado significativamente en tratar de resolver el caso de homicidio de Marcelo Pecci, fiscal que investigaba el crimen organizado en Paraguay y que fue ultimado a tiros en un acto sicarial en las playas de Cartagena, cuando se encontraba de luna de miel con su esposa embarazada, el 10 de mayo de 2022.

No obstante, la justicia en Paraguay y Bolivia no prosperan para dar con la captura de los autores intelectuales del crimen, en especial la del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que se ha paseado entre Suramérica, evitando de esta forma que haya rastro de su paradero.

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Marset ha sido señalado por las autoridades paraguayas, bolivianas y colombianas, como el responsable principal del crimen, debido a que se presume que planeó y ejecutó el atentado sicarial contra el fiscal.

De su historial delictivo se conoce que, en 2021, Marset habría falsificado su pasaporte, por lo que fue detenido y llevado a prisión mientras intentaba ingresar a Dubai (Emiratos Árabes). Posteriormente, en el caso terminó salpicado el excanciller de Uruguay Francisco Bustillo, presuntamente por haber gestionado un nuevo pasaporte de carácter urgente al delincuente, pese al antecedente de su captura en el país árabe.

Luego, se conoció que Marset viajó a Bolivia a esconderse de las autoridades, donde se cambió de identidad bajo el nombre de Luis Paulo Amorín, que era un supuesto empresario y hasta futbolista destacado en plataformas digitales como TikTok.

Allí permaneció hasta mediados de julio de 2023, cuando arrancó el operativo conformado por más de 2.000 uniformados, con el que buscaban dar finalmente con su captura; sin embargo, el hombre escapó, según expresó a través de un video, reseñado por El Espectador, gracias al aviso del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcóticos (Felcn), que le brindó la información a cambio de dinero.

En noviembre de 2023, el narcotraficante uruguayo apareció en una entrevista clandestina al canal 4 de Uruaguay. Ahí confesó que era inocente del crimen del fiscal paraguayo:

“No tengo ni un 0,1% que ver en eso. No conocía a Marcelo Pecci. Lo conocí cuando lo vi en la tele. Me parece que ahí le erraron feo, por eso salí a defenderme. No hay nada contra mí en ese caso”, indicó Marset en la entrevista, en la que añadió que si lo llegan a capturar, le gustaría conocer las pruebas que lo involucran en el crimen:

“Cuando hablan de Sebastián Marset, dicen, dicen, dicen, pero yo quiero ver algún día, ojalá no tengan la oportunidad, si me capturan, de todo lo que dicen de qué tienen pruebas”, según reseñó El País de España.

De otro lado, en Colombia se ha logrado con la captura y condena de nueve personas involucradas en el caso Pecci. La última sentencia se le concedió a Margareth Chacón, la cual se conocerá en los próximos días, por ser señalada de haber coordinado y prestado su camioneta para trasladar a los homicidas.

De las acusaciones Margareth se ha declarado inocente y ha asegurado que ha sido señalada para lograr beneficios con su nombre: “Que Colombia sepa que yo he sido un pasaporte para Francisco Luis (Correa Galeano), para su libertad. Jamás he tocado armas, no tengo audios, no hay nada que se me acuse”, reiteró la barranquillera acusada y recluida en la cárcel Buen Pastor.

En junio de 2023, Wendre Still Scott Carrillo, responsable del asesinato del fiscal paraguayo, fue condenado a 23 años de prisión. Marisol Londoño, Cristian Camilo Monsalve y Eiverson Adrián Zabaleta, quienes desempeñaron roles de seguimiento y transporte, recibieron una condena de 47 años.

Francisco Luis Correa Galeano, exmilitar colombiano y coordinador principal del crimen, se convirtió en testigo clave tras aceptar cargos y firmar un preacuerdo con la Fiscalía. Galeano recientemente fue acusado de amenazar a un juez y una fiscal, así como de porte ilegal de armas, delitos de los cuales se declaró inocente.

Por último, los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos, financiadores y coordinadores del crimen, fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión, respectivamente, por homicidio agravado y porte ilegal de armas.