Cali está “peor de lo que nos imaginábamos”, aseguró el nuevo alcalde de la ciudad Alejandro Éder: “Esto es arrancar sin recursos”

Jorge Iván Ospina deja la Alcaldía de Cali con una serie de compromisos económicos pendientes de resolver. A cinco días de concluir su mandato, la Procuraduría dictó su suspensión por supuestas irregularidades en la Feria de Cali virtual de 2020. Además, el exalcalde enfrenta más de diez investigaciones, algunas relacionadas con eventuales sobrecostos en la empresa municipal Emcali. Simultáneamente, Luz Marina Cuéllar, quien fungió como jefe de comunicaciones de la alcaldía, fue sancionada e inhabilitada por diez años debido a presuntos manejos irregulares de contratos directos durante la pandemia.

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La situación financiera de la ciudad presenta otros desafíos significativos. El sistema de transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO) mantiene una deuda considerable con sus operadores, y continua agonizando con pérdidas económicas cada jornada. Hasta mayo de 2023, la Alcaldía de Cali y Metrocali registraban un pasivo con las compañías del sistema (Git Masivo, ETM y Blanco y Negro) que ascendía a los 70.000 millones de pesos, con una tendencia al aumento. Por otro lado, se reporta una deuda histórica para la ciudad que alcanza los 1,2 billones de pesos, informe proporcionado por el alcalde electo Alejandro Éder, quien se comprometió a implementar un plan de reestructuración y potenciar la recaudación a través de la cooperación internacional y el apoyo del gobierno nacional.

En términos de transparencia y gestión financiera, lo ocurrido en la administración saliente de Ospina pone de manifiesto la relevancia de estos factores para el recién posesionado gobierno municipal. El correcto manejo de los recursos públicos y la claridad en los procesos contractuales son esenciales para recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar el desarrollo sostenible de Cali. Estos desafíos económicos recibirán atención prioritaria bajo la administración de Éder, quien ya ha adelantado su intención de buscar aliados estratégicos y optimizar los ingresos de la ciudad.

Es claro que tanto la culminación de la gestión de Ospina como el inicio del mandato de Éder están marcados por importantes retos económicos y administrativos. La resolución de la deuda con los operadores del MIO y la sanción a exfuncionarios públicos son asuntos de inmediata atención, los cuales serán decisivos en el proceso de recuperación financiera y la proyección de mejoras en los servicios públicos para los habitantes de Cali. La nueva administración deberá también adoptar medidas rigurosas para evitar la repetición de las situaciones que han llevado a las sanciones y a la actual crisis financiera.

Seguridad en Cali: un desafío prioritario frente a la violencia y la criminalidad

Cali enfrenta una compleja situación de violencia y criminalidad que impacta negativamente en la economía local y en la percepción de seguridad. Las autoridades reconocen que tales problemas no solo representan un desgaste de los recursos públicos, sino que igualmente afectan la confianza de los inversores y motivan a los ciudadanos más cualificados a considerar la posibilidad de dejar la ciudad.

Ante esta circunstancia, se subraya la necesidad de una respuesta desde las instituciones de seguridad, que debe ser complementada con estrategias que contemplen las particularidades de distintos sectores de la población. Se destaca la preocupación por los jóvenes de bajos ingresos, quienes podrían ser más susceptibles a integrarse en grupos delictivos. Las políticas públicas de la ciudad deben incorporar un enfoque social que atienda a estas vulnerabilidades.

Además de consolidar la seguridad y protección ciudadana, se alerta sobre la importancia de políticas de inclusión y desarrollo social como herramientas para prevenir la delincuencia. Esta visión sugiere que reducir la violencia y la inseguridad pasa también por ofrecer oportunidades que alejen a los jóvenes de las dinámicas de las redes delictivas. Este enfoque implica trabajar tanto en la prevención como en la intervención directa de las fuerzas del orden.

Por tanto, la situación en Cali exige un abordaje multifacético, donde la colaboración entre diversos organismos de seguridad, las políticas sociales y la participación ciudadana son requisitos indispensables para construir un entorno seguro y propicio para el desarrollo local. Las decisiones al respecto tendrán un efecto significativo tanto en la calidad de vida de los habitantes como en el futuro económico y social de la ciudad.

El nuevo alcalde podrá modificar el presupuesto de 2024

En un reciente desarrollo político, el Concejo ha otorgado al alcalde Éder la facultad de ajustar el presupuesto del año 2024 hasta en un 20%, lo cual representa la posibilidad de reasignar hasta 1.06 billones de pesos de los 5.3 billones aprobados. Este ajuste presupuestal permitirá la inclusión de transferencias de la nación y realizará las necesarias modificaciones para alinear los recursos con las prioridades de su mandato.

Incremento en la tasa de homicidios y estrategias de seguridad

El aumento de la inseguridad en la localidad se refleja en la cifra de 954 homicidios reportados en 2023, un incremento del 3.1% comparado con el año anterior. Ante la creciente preocupación por la seguridad, manifestada por el 90.1% de los encuestados por Invamer, el alcalde ha designado a Jairo García como secretario de Seguridad. Cinco estrategias centrales serán implementadas con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana: construcción de paz y reconciliación, tecnología y apoyo a la Fuerza Pública, fortalecimiento de la justicia, lucha contra el hurto y recuperación del espacio público.

Las tácticas propuestas por el alcalde y su equipo buscan no solo atender la situación actual, sino también crear condiciones de largo plazo para la prevención del crimen en la ciudad. El apunte de Cali Cómo Vamos, destacando el leve aumento en las cifras de violencia, resalta la importancia y urgencia de las medidas a adoptar en la lucha contra delitos y en la necesidad de recuperar los espacios de convivencia para los ciudadanos.

Labores conjuntas con la Gobernación del Valle

La gobernadora electa de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, abordará la crisis de seguridad en la región, en particular en Jamundí, Tuluá, el norte del Valle y Buenaventura. El departamento es el segundo con más masacres, después de Antioquia, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Toro propone la militarización de ciertas áreas y promover el servicio militar, destinando un millón de pesos mensuales para jóvenes vallecaucanos que deseen ingresar al Ejército o la Policía en Cali. La gobernadora se opone al programa “Jóvenes en paz” del gobierno de Petro.

En cuanto a infraestructura, uno de los proyectos relevantes es el Tren de Cercanías, que pretende conectar a Cali con municipios aledaños. El proyecto ha obtenido aprobación técnica por parte del Ministerio de Transporte, pero busca financiamiento para comenzar su licitación a mediados de 2024 y su adjudicación en enero de 2025. Adicionalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha requerido el arresto de Clara Luz Roldán, antecesora de Toro, por presunto incumplimiento en la protección de zonas afectadas por desaparición forzada.

La gobernadora Toro se enfrenta a un panorama complejo en el tema de seguridad y desarrollo infraestructural, con la mira en fortalecer la presencia militar y policial y en concretar proyectos de transporte que podrían impulsar la economía local y la calidad de vida de los habitantes. Las iniciativas y estrategias propuestas marcarán su administración, buscando responder a las necesidades de una región marcada por desafíos históricos en materia de seguridad y desarrollo.