El caso de la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez ha vuelto a resonar en la justicia y sociedad colombiana, luego de que el proceso judicial contra Harby Rodríguez, ex patrullero de la policía, concluyera en una condena de 40 años en prisión por los delitos de homicidio agravado y tortura contra Ordóñez.
El crimen, que ocurrió en la noche del 9 de septiembre de 2020, ha marcado un precedente en las investigaciones de excesos policiales en el país, que además fueron fuertemente cuestionados y rechazados por los colombianos.
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Tres años después, la sentencia contra de los responsables fue dictada por la juez 8 especializada de Bogotá, tras finalizar el juicio oral que incluyó a todos los implicados en los hechos violentos de aquella noche.
El informe forense
En la fatídica noche en la que murió Ordóñez, cerca de la Unidad Residencial Santa Cecilia, en la localidad de Engativá, dos patrulleros, Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, abordaron al entonces taxista, estudiante de derecho y padre de dos hijos con uso desmedido de fuerza, según la investigación, luego de que este saliera con sus amigos a comprar más licor porque estaban departiendo.
Las imágenes difundidas muestran a Ordóñez recibiendo golpes y descargas eléctricas con un taser, mientras suplicaba a los oficiales que se detuvieran, cerca al CAI Villa Luz de Engativá, antes de ser declarado muerto en la Clínica Santa María del Lago, en la misma localidad. Al respecto, la alcaldesa Claudia López y testigos calificaron el suceso como asesinato.
Sin embargo, ya avanzada la investigación y hechas las audiencia de juicio en contra de los uniformados implicados, el informe de necropsia tenido en cuenta en el juicio contra el patrullero Rodríguez, reveló que Ordóñez sufrió lesiones por golpes que afectaron de manera irreversible su cuerpo.
Los dertalles, publicados por El Tiempo, expusieron la gravedad de las lesiones propiciadas por los uniformados. La Fiscalía expuso que en el cuerpo de Ordóñez se evidenciaron heridas extremas, incluyendo un “estallido del riñón derecho” por golpes equivalentes al impacto de una bala, de acuerdo con las declaraciones del especialista forense.
También se conoció la pérdida de 3.500 centímetros cúbicos de sangre, como consecuencia de múltiples descargas eléctricas de un arma Taser, que le habrían generado al menos 10 lesiones que causaron “daños irreparables” en el organismo de Ordóñez, tal como se detalló en el acta de la Fiscalía.
Además, otros pormenores dados por los testigos aportados ante la juez y sumados al expediente dejaron claro que, ante las suplicas de Ordóñez, los oficiales de la Policía Nacional continuaron sus ataques con el taser centrando los impactos “no en la ropa sino en la piel”, según lo publicado por el mencionado medio.
La fiscal del caso subrayó las severas agresiones sufridas por la víctima, que han sido relacionadas con las prácticas y protocolos policiales durante la detención. La magnitud de los golpes y la intensidad de las descargas han llevado a un escrutinio público sobre el uso de la fuerza por parte de la institución. Las cifras mencionadas en el informe y los testimonios aportan un cuadro angustiante de los últimos momentos de Ordóñez.
Otras particularidades sobre el cuerpo de Ordóñez expuestas por el ente investigador fueron que la víctima padeció nueve fracturas de cráneo y la ruptura de un riñón, detalles que han llevado a la Fiscalía a sostener que la muerte fue producto de una agresión extremadamente violenta, “con sevicia”.
La pena contra el patrullero Lloreda
Aunque se conoce que los años de privación de libertad para el uniformado Rodríguez asciende a los 40, el juicio contra su equivalente, Juan Camilo Lloreda, corresponde a 20 años de cárcel, luego de un preacuerdo entre el patrullero y las autoridades, aprobado por la Fiscalía en 2021, en el que Lloreda aceptó los cargos por homicidio.
Las declaraciones del abogado de la familia de Ordóñez, Vadith Gómez, en el momento fueron: “Hoy fue la sentencia, producto de una negociación de tres meses entre los abogados de Juan Camilo Lloreda, la Fiscalía y la representación de víctimas. Ya se había validado el preacuerdo en audiencias anteriores. En ese preacuerdo Lloreda se comprometió con unas cosas (...)”.
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