Las denuncias acerca de supuestas irregularidades en un contrato multimillonario para la alimentación en las cárceles han llegado al medio de comunicación colombiano Revista Semana.
Estas denuncias, que previamente estuvieron en manos de la Unidad de Servicio Penitenciarios - Uspec, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Ministerio de Justicia, no generaron acciones, y la licitación continuó su curso, estando ahora a punto de ser adjudicada.
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Las acusaciones, también enviadas a las autoridades de control como la Procuraduría y la Fiscalía, plantean elementos que supuestamente afectaron la transparencia en la licitación. Se mencionan reuniones entre funcionarios de la Uspec y algunos contratistas, modificaciones en los pliegos de condiciones, e incluso la presentación de documentos falsos para certificar experiencia.
La Fundación Cárceles al Desnudo señala en un derecho de petición: “Hemos recibido la denuncia de un contratista de alimentos que advierte presuntas presiones indebidas ejercidas por la Unidad de Servicios Penitenciarios para la adjudicación casi a dedo de los contratos que están en juego en la licitación pública para la distribución de los grupos y los respectivos contratos”.
Desde la cárcel La Picota, familiares de los internos informaron a la Revista Semana sobre la calidad deficiente de la comida, suministros incompletos y pérdida significativa de materia prima. Además, se destapan problemas similares en el servicio de salud en las cárceles, indicando que las advertencias no fueron tomadas en serio, y los problemas persisten, afectando las rutinas de alimentación y la atención médica.
El contrato multimillonario, que se esperaba aliviaría los problemas persistentes en el sistema, parece estar marcado por preocupaciones y advertencias que no se han abordado adecuadamente, generando un escenario que cuestiona la transparencia del proceso licitatorio.
En la cárcel de Girón inauguraron un pabellón de máxima seguridad contra extorsiones
a extorsión es uno de los delitos que abundan dentro de los centros penitenciarios del país, donde los reos consiguen teléfonos y amenazan a comerciantes y civiles para que entreguen cuantiosas sumas de dinero a cambio de no hacerles daño.
Ante eso, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desarrolló la denominada operación Dominó, en la que se realizan redadas y minuciosas requisas a las celdas, se aíslan a los reos señalados de cometer delitos y en una nueva fase se habilitó un pabellón especial de máxima seguridad dentro de la cárcel de Palogordo, en Girón (Santander).
El nuevo espacio del centro carcelario cuenta con capacidad para albergar a más de 150 reos y cuenta con un equipo especial de 12 cámaras de videovigilancia para monitorear las 24 horas a los más peligrosos delincuentes a cargo del Grupo Estratégico de Información Penitenciaria y Carcelaria.
“En el marco de la operación dominó, dio apertura a un nuevo pabellón de máxima seguridad, el cual, de acuerdo con la estructura física y elementos tecnológicos, permite un mayor control de las personas privadas de la libertad (PPL) identificadas como dinamizadores de la extorsión”, declararon desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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