En una fatídica jornada en el Autódromo de Tocancipá, la vida de Luz Eusse, reconocida periodista, se vio truncada por la caída de una pantalla gigante.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias de esta tragedia. El Comandante de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, en conversaciones con la W Radio, arrojó luz sobre la posible negligencia en la planificación y ejecución del evento, e insistió en la importancia de los protocolos de seguridad.
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El posible giro hacia un caso de homicidio culposo surge a raíz de la falta de permisos para instalar una valla de grandes dimensiones. La ausencia de estos permisos podría convertir la muerte de Luz Eusse en un acto no solo desafortunado, sino también atribuible a la negligencia.
“El responsable del evento debe presentar a la autoridad competente el plan de contingencia donde se establecen las diferentes medidas y acciones ante lo que se desarrollará”, mencionó Farfán.
Según la legislación colombiana, los responsables de homicidio culposo podrían enfrentar penas de 32 a 108 meses de prisión y deberá pagar una multa de 26 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El Autódromo de Tocancipá, epicentro de la tragedia, fue sellado durante tres días para facilitar el trabajo de los peritos que buscan esclarecer los hechos. La alcaldesa Mónica Montero aseguró que se identificaron personas con posible responsabilidad directa.
En una entrevista para el programa La W, el capitán Álvaro Farfán profundizó en las posibles causas del accidente. Señaló la presunta negligencia de las autoridades municipales y la falta de cumplimiento de protocolos esenciales. Farfán hizo hincapié en la importancia de los conceptos técnicos de bomberos para la realización de eventos masivos, subrayando la responsabilidad compartida de todas las instituciones presentes en el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo.
La falta de verificación de los soportes y anclajes de la pantalla en las 24 horas previas al evento fue un punto crítico abordado por Farfán. Este llamado a la prevención y la crítica a la falta de previsión ante riesgos en eventos masivos resuenan como advertencias para replantear los protocolos y normativas.
Tras el accidente, se llevó a cabo una reunión entre autoridades y empresarios, incluyendo representantes del Autódromo de Tocancipá y la fundación JM Motor Sport, responsable del evento. En este encuentro, se discutió la posible responsabilidad directa de las empresas privadas en el accidente, mientras que la administración municipal se desliga de dicha responsabilidad, argumentando que cumplió con la reglamentación.
Las familias de las víctimas enfrentan incertidumbre respecto a las pólizas de seguro. Según informes, el seguro para la menor de 13 años que está en coma inducido cubre solo una fracción de los costos médicos. Roberto Wilson, presidente del TC 2000, asegura que el evento cuenta con pólizas tanto para pilotos como para asistentes, pero las familias afectadas alegan recibir un cubrimiento mínimo.
La tragedia en el Autódromo de Tocancipá no solo deja luto en la comunidad, sino que plantea interrogantes fundamentales sobre la seguridad en eventos masivos. Las autoridades, empresas y organizadores enfrentan el escrutinio de la opinión pública y el desafío de replantear sus prácticas para evitar tragedias similares en el futuro.
La investigación en curso se torna crucial para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y asignar responsabilidades. La Fiscalía está examinando al proveedor logístico, explorando la posibilidad de cargos por homicidio culposo.
Entre tanto, tres asistentes resultaron heridos tras un incidente en la terraza del autódromo, llevando a la atención médica de un adulto y dos menores. Detalles sobre el estado de salud y los tratamientos fueron confirmados por la clínica.
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