
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó la decisión de aceptar el sometimiento del teniente coronel retirado John Jairo Narváez Vargas, que enfrenta acusaciones en casos de ejecuciones extrajudiciales mal llamados ‘falsos positivos’ ocurridos en Antioquia en 2005.
Hasta hace poco, el militar retirado ejerció como director de la maestría en derechos humanos en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Su período en esta función abarcó desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023.
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Cabe destacar que los casos en los que el coronel (r) John Jairo Narváez Vargas está involucrado se relacionan con ‘falsos positivos’, una práctica que implicaba la ejecución extrajudicial de civiles que eran presentados como combatientes o guerrilleros por parte de las fuerzas armadas colombianas. Estos casos han sido motivo de gran preocupación en términos de violaciones de derechos humanos y han sido objeto de investigaciones por parte de la justicia ordinaria.
En resumen, el controvertido coronel que se presenta ante la JEP enfrenta acusaciones en dos casos judiciales relacionados con ejecuciones extrajudiciales. Uno de estos procesos está relacionado con el homicidio de dos individuos en febrero de 2005, mientras que el otro implica dos asesinatos ocurridos el 19 de abril del mismo año, además de un intento de homicidio de una tercera víctima que estuvo en peligro, pero logró sobrevivir, convirtiéndose en el testigo principal del caso.
En el informe de la JEP se detalla que el coronel (r) Narváez estaba al frente del desarrollo de la misión militar del Gaula en la zona en la que ocurrieron los hechos. En el proceso penal relacionado con el asesinato de dos personas en febrero de 2005, se menciona la confesión del soldado Juan Alberto Yepes Castañeda, que sostiene que el exmilitar era conocedor de los ‘falsos positivos’ cometidos contra dos jóvenes. Estos jóvenes aparentemente fueron reclutados con engaños por el soldado Yepes y posteriormente asesinados en un parador turístico en Caldas, Antioquia.

Con estas declaraciones, el ente acusador expresó que Yeison Alexander Restrepo Contreras y Óscar Alejandro Henao Morales, los dos jóvenes asesinados, no estaban involucrados en actividades militares, lo que significa que no estaban participando activamente en enfrentamientos armados. Según la legislación nacional e instrumentos internacionales de derecho humanitario, consideraron que eran personas protegidas debido a su condición de civiles y su falta de participación en el conflicto.
“Les cegaron la vida sin estar combatiendo con nadie, existiendo una clara relación entre el crimen cometido y la existencia del conflicto armado, pues está claramente definida la calidad de combatientes de los perpetradores y la calidad de no combatientes de las víctimas y la existencia de un conflicto armado o bajo la apariencia del mismo”, expresó la JEP.
De esta manera, la JEP señaló que los hechos por los cuales se está procesando al teniente coronel John Jairo Narváez Vargas se cometieron con ocasión del conflicto armado no internacional, lo que habría aumentado presuntamente su capacidad para cometer los crímenes. Esto se debe a su pertenencia al Ejército Nacional, que le habría permitido contar con una posición que facilitó la presunta consumación de los homicidios de personas civiles.

La gravedad de estos hechos ha llevado a que la magistratura de la JEP ordene a Narváez que en un plazo máximo de 10 días presente su propuesta de aportes a la verdad e informe si reconocerá o no responsabilidad por los hechos, así como proporcionar medios de prueba y contribuciones materiales.
Es importante destacar que además de su participación en los eventos relacionados con los ‘falsos positivos’, el teniente coronel (r) John Jairo Narváez Vargas ocupó diversos cargos dentro de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa después de los hechos ocurridos en 2005.
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