Fiscalía pidió precluir el caso de jueza que ordenó liberación de integrantes de la Primera Línea

La Fiscalía General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá una audiencia para precluir la investigación que se venía adelantando contra Lilyan Jhoana Bastidas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao en Bogotá, responsable de otorgar la libertad de dos de los integrantes de la denominada Primera Línea. Esto, luego de que en diciembre de 2022 ordenara la libertad de Santiago Márquez y Adriana Bermeo, que posteriormente fueron nombrados como gestores de paz, los primeros de la iniciativa liderada por el presidente Gustavo Petro.

Según informó Caracol Radio, el concepto que dio Fernando Otálora, el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá para solicitar la preclusión del caso fue de “atipicidad del hecho investigado”. Con lo anterior, se determinó que no hubo un acto delictivo por parte de la funcionaria al otorgar la libertad de los hoy gestores de paz, con lo que se pone fin a 10 meses de investigación.

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Cabe recordar que Bastidas era investigada bajo los cargos de prevaricato por acción y abuso de función pública, luego de que la Procuraduría, en diciembre de 2022, denunciara irregularidades en la liberación de Márquez y Bermeo.

Al final la jurisprudencia estuvo del lado de Lilyan Jhoana Bastidas, pues de acuerdo con la norma, los imputados que se encuentran privados de la libertad quedan a disposición de un juez coordinador hasta que se emita un sentido de fallo por parte del juez de conocimiento. Así fue como se procedió con los dos integrantes de la Primera Línea.

De igual modo, la Ley 2272 de 2022, que dio origen a la figura de los “gestores de paz”, da facultades a los jueces para suspender órdenes de captura o medidas de aseguramiento para las personas que fueron nombradas como tal por parte del Gobierno nacional. Eso sí, establece que la labor de excarcelamiento le compete a las autoridades judiciales con el fin de no interferir en las libertades que tiene garantizadas constitucionalmente.

Al no comprobarse una extralimitación de funciones o “decisiones de escritorio arbitrarias” como lo denunció la Procuraduría en cabeza de Margarita Cabello, se ordenó la preclusión del caso contra Bastidas.

En su momento, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, fue uno de los más fervientes en denunciar la decisión de Bastidas y exigió explicaciones públicas sobre por qué en un caso posterior sí tomó la decisión de convocar a la respectiva audiencia de control de garantías. En ese momento Barbosa se había negado a levantar las órdenes de captura proferidas contra 16 jefes paramilitares, por lo que la libertad de los dos miembros de la Primera Línea desató un nuevo enfrentamiento entre el fiscal y Gustavo Petro.

Al respecto, sostuvo que “ante cualquier decisión es necesario en nuestro sistema la participación de víctimas, del Ministerio Público, de ese tipo de decisiones, por qué entonces tomó de forma directa y no se convocó a estas personas, ni tampoco asignó a un juez de control de garantías”, cuestionando el procedimiento de Bastidas.

Gustavo Petro defendió nombramiento de viceministro de Juventud, acusado de pertenecer a la Primera Línea

Las controversias alrededor de la Primera Línea y los nombrabientos del gabinete de Petro siguen causando controversia a más de un año de haberse posesionado. En septiembre, el mandatario salió a defender públicamente la designación de Gareth Steven Sella como nuevo viceministro de Juventud, tras ser señalado de formar parte del grupo de contención. En su cuenta de X, Petro escribió: