Las acciones operativas y de inteligencia permitieron que, finalmente, un integrante de la Segunda Marquetalia fuera enviado a prisión tras ser hallado responsable del delito de concierto para delinquir agravado; por tal motivo desde la Fiscalía General condenaron al hombre identificado como Juan Diego Pérez Ramírez, alias ‘Juandi’, a ocho años de prisión.
El material recolectado en contra de Juandi permitió que una jueza especializada de Florencia (Caquetá) enviara a la cárcel al guerrillero, señalado de ser uno de los hombres cercanos al círculo de alias ‘El Paisa’.
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Concretamente sobre Pérez Ramírez recae la responsabilidad del asesinato de dos personas que eran desplazadas por la violencia y pretendían regresar a su hogar despojado en el departamento de Caquetá.
El director especializado contra las organizaciones criminales, Carlos Roberto Izquierdo, mencionó al respecto: “En desarrollo del proceso judicial se conoció que una de las órdenes encomendada a ‘Juandi’ se concretó con el homicidio de un adulto y un menor de edad, asesinados en diciembre de 2019 San Vicente del Caguán”.
De acuerdo con las autoridades alias Juandi integró una de las subestructuras de la Segunda Marquetalia que planeó atentar contra la vida del jefe del partido Comunes, Rodrigo Londoño Echeverri, antiguo cabecilla de las extintas Farc y hoy reinsertado a la vida civil y a la política. Según el director especializado contra las organizaciones criminales el “ataque habría sido dispuesto para el 11 de enero de 2020 en una finca de Filandia (Quindío)”.
La Segunda Marquetalia es una de las disidencias que continuó delinquiendo tras el proceso de paz entre el Gobierno nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc). Actualmente a esta organización narcoterrorista “se le atribuyen homicidios, acciones terroristas contra la Fuerza Pública y tráfico de estupefacientes”.
Condenas entre 10 y 25 años de prisión para exparamilitares
Aunque la condena de Juandi no ha sido la única acción judicial en contra del terrorismo, en esta ocasión un grupo de fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, junto a jueces, lograron que cuatro exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueran condenados por delitos de homicidios y desapariciones forzadas en contra de la población civil en al menos tres departamentos del país.
De acuerdo con la Fiscalía General, entre 10 y 25 años tendrán que pagar los exparamilitares por los crímenes en contra de la población civil en los departamentos de Norte de Santander, Casanare y Guaviare.
Uno de los condenados fue Rafael Emilio Martínez Guevara, mejor conocido en el mundo del hampa como ‘Panelo’, quien por la desaparición forzada de Yamid Pundor Lobo en el departamento de Norte de Santander el 20 de diciembre del 2003 deberá pagar: “10 años y 4 meses de prisión, y al pago de 555.56 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes)”. Según la investigación la desaparición de Pundor fue consecuencia de una conducta sistemática de las AUC en esa parte del territorio.
De manera similar, alias ‘El Patrón’ o Héctor José Buitrago Rodríguez recibió una condena de 12 años y 8 meses de prisión por la tortura agravada, el homicidio y la desaparición de Capitolino Garzón Patiño, de acuerdo con la Fiscalía “los hechos ocurrieron el 28 de enero de 2002 en Aguazul (Casanare). La Fiscalía logró establecer que este hombre era visto como enemigo de la Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), que delinquían en ese departamento”.
Alirio Antonio López Rodríguez, alias ‘Águila Siete’, recibió una condena de 20 años y 11 meses de prisión al igual “al pago de 1.797 SMMLV” por haber desaparecido el 16 de noviembre de 2003 a Ángel María Ortega López, al igual que Pundor su desaparición ocurrió en el municipio de El Tarra en Norte de Santander.
Desde el ente acusador indicaron que el homicidio de Ortega fue debido a una orden consensuada entre cabecillas paramilitares del bloque Catatumbo “siguiendo órdenes directas de Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso”.
Por último, José Covey Romero Zarate, alias ‘Covey’, quien recibió la condena más alta: “25 años y 10 meses de prisión, y deberá pagar una multa 4.667 SMMLV”, por los homicidios, desapariciones forzadas, expulsiones y desplazamientos de Carlos Humberto González Trujillo, Olinta Maestre Mendoza y Andrés María Cruz Murillo.
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