El martes 6 de junio el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan realizó una nueva visita al país y anunció que se cerraba el examen preliminar al sistema judicial colombiano para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos para investigar los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el contexto del conflicto armado en el país.
De acuerdo con el funcionario el país cuenta con la capacidad y su voluntad para investigar las violaciones a los Derechos Humanos, gracias al compromiso de quienes conforman la rama judicial, así como por los resultados que están dando las investigaciones dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Ya tomé la decisión de que el examen preliminar está cerrado. Ya hay suficientes instituciones a donde las víctimas y los sobrevivientes pueden acudir aquí en Colombia. Tienen a la JEP, donde hasta ahora las cosas van bien. No tenemos porque cambiar de rumbo, vamos a seguir hasta el final y eso ha quedado suficientemente claro”, expresó el funcionario.
De esta manera se daría por descartada, por ahora, la solicitud que le hizo el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, de que ese organismo internacional se encargue de las investigaciones por violaciones de Derechos Humanos y no las instituciones judiciales colombianas.
La declaración de Khan se dio en uno de los apartes de la rueda de prensa en la que participó junto con el presidente de la JEP, Roberto Vidal, cuyo video difundió el expresidente Iván Duque a través de su cuenta de Twitter.
“La técnica y la razón siempre triunfan frente a la demagogia y el populismo (sic)”, señaló en un primer trino.
Posteriormente sostuvo que solicitar un nuevo examen a la CPI sería una afrenta a los resultados que se han dado en materia judicial a la persecución de delitos de lesa humanidad.
“La @IntlCrimCourt cerró la observación preliminar de Colombia porque dentro de su competencia subsidiaria, aplaudió el trabajo de nuestra justicia. Pedir que se vuelva a abrir una observación, es un insulto a nuestra justicia y a su trabajo, más allá de los ciclos políticos (sic)”, expresó.
Paradójicamente, cuando Duque era presidente de la República fue un duro crítico de la JEP y sus investigaciones, especialmente en lo que se refería a los procesos en contra de los antiguos jefes insurgentes de las FARC.
Pero, además, cuestionó que se le hubiera dado cabida dentro de esa jurisdicción a los antiguos miembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“Este escenario no es permitido para los exintegrantes de (ese grupo), pues la propia Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP se ha manifestado de manera clara y, si bien participaron en confrontaciones armadas, no son destinatarios del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, señaló Duque en 2020.
Recientemente, el exjefe de Estado había vuelto a reprochar dicha decisión por la audiencia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la JEP, con los que hizo señalamientos a funcionarios administraciones anteriores.
“Está lanzando ataques a funcionarios del Gobierno que lo sometió a la justicia y que lo extraditó a Estados Unidos. Mancuso tiene deudas pendientes con la justicia colombiana, con Justicia y Paz, él sabe que le corresponde pagar cárcel en Colombia por delitos cometidos en nuestro país. ¿Qué busca él? Que le abran la puerta de la JEP para que goce del beneficio de la no prisión. Al mismo tiempo, quién sabe si más adelante está buscando también el beneficio de la no extradición”, citaron de sus declaraciones en la revista Semana.
La senadora María Fernanda Cabal, quien ha sido otra dura crítica de la justicia transicional, también celebró la decisión de la CPI.
“A pesar de la esquizofrenia del gobierno petrista, el fiscal de la CPI, Karim Khan, aseguró que no abrirá ningún examen preliminar contra Colombia por la justicia (sic)”, señaló.
Hace un año, precisamente, la congresista del partido Centro Democrático decía que para la JEP se invirtieron millonarios recursos y había tenido pocos resultados.
“#NoHayDerecho De 2018 a 2022, los colombianos hemos pagado más de 1 BILLÓN de pesos en la Justicia Especial creada por las FARC y el Gbno Santos, sin que tengamos la primera condena contra los terroristas que secuestraron, violaron, asesinaron y desaparecieron colombianos (sic)”, trinó en esa ocasión.
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