
El próximo jueves 13 de abril iniciará la discusión de la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y para ello, el Partido Conservador y La U presentarán conjuntamente 133 modificaciones a la ponencia final de la iniciativa, que tiene 155 artículos.
De acuerdo a lo expresado por el presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda, esa colectividad solo votará a favor del proyecto de ley de acogerse todos los cambios propuestos, mientras que para el partido de La U, dirigido por Dilian Francisca Toro, estaría bien si le aceptan la mitad.
Los partidos en cuestión buscan que se deje claro que se tratará de un sistema mixto, es decir, con participación pública y privada, por lo cual buscan que se garantice la participación de particulares. Por lo tanto, buscan la creación y definición de las funciones de las Gestoras de Salud y Vida para que sean administradoras del riesgo integral de salud, incluyendo la contratación y auditoria (el papel que cumplen actualmente las EPS).
En cuanto a esto, los partidos consideran fundamental que se le garantice a los usuarios la libre elección de estas entidades, así como de los Centros de Atención Primaria (CAP), los cuales deben estar coordinados por las Gestoras y las secretarías de salud. Además, las colectividades especificaron que la aplicación de estos centros debe ser progresiva, con énfasis en los municipios de categoría 5 y 6.
A las Gestoras de Salud, que reemplazarían a las EPS, se les quitaría funciones como la integración vertical o el giro de recursos, algo en lo que los partidos coincidieron con la propuesta hecha por el Gobierno.
Otro punto busca moderar el alcance de los determinantes sociales de la salud y los puntos de intervención, uno de los ejes del proyecto de ley. Por ejemplo, se pide que la pobreza ya no sea un determinante social, al igual que la solución de conflictos por vía pacífica y la ausencia de discriminación.
Por otra parte, se busca establecer una Unidad de Pago por Capitación (UPC) suficiente y diferencial para los territorios y para el riesgo epidemiológico.
También se plantearon modificaciones al Consejo Nacional de Salud. Mientras que el proyecto del Gobierno busca que sea un órgano asesor del sistema de salud en general, la propuesta de los partidos habla de que sea “asesor del Gobierno en materia de salud, siendo un espacio de concertación entre los diferentes integrantes del Sistema General de Seguridad Social y cuya función será emitir recomendaciones a los diferentes sectores del Gobierno para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental de la salud”.
Así mismo, se le removieron a esta entidad todas las funciones que sobrepasen su labor de meramente emitir recomendaciones. El proyecto de ley de Carolina Corcho plantea que este Consejo proponga políticas públicas de salud e iniciativas al Congreso de reglamentación del sistema de salud.
Además, se propuso que se elimine el artículo en el que el Gobierno propone que todas las instituciones de alta complejidad se habilitaran como hospitales universitarios en un plazo de dos años a partir de la vigencia de la ley.
En otra de las modificaciones propuestas se pide que se eliminen los artículos en los que se le otorgan nuevas funciones al Ministerio de Salud en su relacionamiento con el Consejo Nacional de Salud y la evaluación periódica, cada cuatro meses, del sistema con los directores territoriales.
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