En el proyecto de la Paz Total se han venido creando diferentes figuras para poderle dar un papel a los funcionarios del Gobierno y miembros de grupos armados que permitan el avance de los procesos. Una de las que ha creado más controversia es la de gestores de paz, que son personas que trabajan en pro de la divulgación, el desarrollo e implementación de la paz en la sociedad, en este caso puntual la mayoría son personas que están en las cárceles, pero son cara importante de los grupos al margen de la ley.
La controversia se ha dado por dos motivos, uno porque los opositores del proyecto y la concepción de construcción de paz del Gobierno aseguran que no se les debería dar salida de los reclusorios a las personas que han cometido crímenes y la segunda, porque hace algunas semanas se hizo pública la denuncia de que algunos narcos podrían ser parte de este proceso, tras pagar una suma a alguien que aseguró que si le pagan un promedio de 800 millones de pesos quedarían automáticamente incluidos en la Paz total como gestores.
De acuerdo con las denuncias iniciales, las personas que supuestamente estaría detrás de dicho negocio sería el hermano de presidente, Gustavo Petro, Juan Fernando Petro y el abogado Pedro Niño, dicen que son víctimas. Sin embargo, tras ser llamados a declarar frente a la Fiscalía, ambos aseguraron que sus nombres estarían siendo usados por personas que quiere desacreditar el proyecto y al Gobierno.
Pero la denuncia no ha quedado ahí, pues el diario de El Tiempo mencionó que junto con la Fiscalía desde Estados Unidos, las autoridades ya tiene pruebas, entre esas un audio en el que se escucha que un capo recluido en el país norteamericano le habría girado a unos abogados, de los que no se saben los nombres, una suma de 600 millones de pesos colombianos.
Sumado, existen otros dos narcos colombianos que decidieron reactivar su colaboración con las autoridades de dicho país y aseguraron que están dispuestos a hablar del dinero y los pagos que se estaban pidiendo que tanto solo en los recluidos en Estados Unidos tenían por objetivo recaudar 2.500 millones de pesos.
Por su parte, el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que nadie en el Gobierno tiene autorización aparte de él de mirar que perfiles y que personas posiblemente serían aptas para participar como gestores de paz. Sumado que se trataría de un colectivo de abogados que están aprovechando la coyuntura para transar favores políticos y judiciales.
Y agregó: “Cuando se detienen los engranajes del conflicto, también se detienen sus ganancias (...) Nunca he pretendido beneficiar a nadie ante la justicia. Nunca he tenido influencia en los círculos de poder (...) Jamás le pondría un precio a mi trabajo por la paz y nunca traicionaría los principios de integridad y altruismo que heredé de luchadores incansables como Eduardo Umaña, Josué Giraldo, Yolanda Cerón y el Padre Javier”.
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