La juez 18 de Control de Garantías de Bogotá negó la libertad de Daniela Pérez Gantiva, que había sido designada por el Gobierno como vocero de paz. Para tomar esta decisión la togada argumentó que dentro de las resoluciones en las que se le nombra como vocera de paz, no hay un marco jurídico que defina la suspensión de las medidas de aseguramiento.
De acuerdo con información de la Fiscalía, Pérez Gantiva es señalada de ser alias ‘Polla’, integrante de la Primera Línea de Engativá. La mujer fue capturada y judicializada junto con otras personas en noviembre de 2021. El Gobierno la designó como vocero de paz el pasado 30 de diciembre de 2022, junto a nueve personas más
Esta decisión se suma a la adoptada el pasado 20 de enero por la juez 32 de Control de Garantías de Bogotá en contra de Luidiar Felipe Camacho, Steven Guevara Vega y Daniel Fernando Ruiz, quienes también habían sido designados como voceros de paz.
La mujer se encuentra en detención domiciliaria mientras espera que se adelante el proceso penal en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado; tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; violencia contra servidor público; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; e instigación para delinquir con fines terroristas.
La Fiscalía, durante la audiencia de imputación de cargos, vinculó a Pérez Gantiva con cinco actos que afectaron el orden público durante las protestas de 2021. El primero de estos, según relatan en Semana, ocurrió el 28 de mayo de 2021 cuando la mujer habría participado en la destrucción de locales en el Centro Comercial Héroes. Durante los actos violentos fueron lanzadas bombas molotov y los vigilantes del establecimiento fueron amenazados de muerte por interceder.
El segundo hecho al que vinculan a Pérez Gantiva ocurrió el 13 de junio de 2021, cuando tuvieron lugar enfrentamientos con la fuerza pública y uso de sustancias peligrosas en la carrera 30 con calle 17 sur. El tercero fue el 20 de julio de 2021, cuando Péreza Gantiva habr´jia participado en los bloqueos en la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, en donde se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública y graves lesiones a un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
El cuarto hecho en el que, según la Fiscalía, estaría involucrada la mujer también ocurrieron el 20 de julio de 2021, cuando se presentó la retención y destrucción de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en la localidad de Suba. Finalmente, hecho sucedió el último 9 de agosto de 2021, cuando Pérez Gantiva habría participado en confrontaciones con la fuerza pública, también en la localidad de Suba, en las que resultó quemado un integrante del ESMAD, quien fue alcanzado por una bomba incendiaria.
Condenan a alias “Camila”, integrante del ELN que habría gestionado recursos de la primera línea
A seis años y seis meses de prisión fue condenada Camila Botero Cardozo, alias Camila, Jimena o Lucidó, señalada de pertenecer al frente Ernesto Che Guevara del ELN. Sin embargo, su condena no fue precisamente por dichos vínculos, sino por haber entregado la suma de 23 millones de pesos provenientes de esa guerrilla a las primeras líneas en Medellín, Pereira y Cali.
La sentencia fue proferida por un juez especializado de Quibdó —Chocó— el cual negó cualquier tipo de beneficio sobre la acusada. En cambio, también le fijó una multa de 1.416 salarios mínimos mensuales legales vigentes y determinó que la pena debe cumplirla en establecimiento carcelario. La decisión fue replicada por la Fiscalía General de la Nación, la cual dijo que el juzgado tuvo en cuenta varias pruebas entregadas por esta entidad.
Entre ellas, se encontraban varios mensajes que Camila le envió al jefe del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional, alias Fabián. En dichas comunicaciones, no solo le pidió apoyo económico, sino también ayuda logística e incluso entrenamiento para los integrantes de la Primera línea de las ciudades mencionadas entre mayo y junio de 2021, período en el que las manifestaciones, actos de vandalismo y represión de la fuerza pública y civiles agudizó, justamente en capitales como Cali.
En ese sentido, el organismo judicial detalló que Camila “explicaba que era necesario brindar instrucción en manejo de explosivos y técnicas de combate urbano o tropel callejero, como lo llamaba en sus escritos, para confrontar a la fuerza pública” y generar afectaciones a bienes privados, la infraestructura de los sistemas de transporte masivo en las ciudades señaladas y edificaciones oficiales.
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