La misión de la ONU concluyó que hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que “la situación de impunidad debe ser atendida”

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó este viernes una actualización oral de su duro informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, expresó que “hay motivos razonables para creer que en Venezuela hubo crímenes de lesa humanidad”.

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“Hay una situación de impunidad que debe ser atendida”, indicó; al tiempo que dijo que, “poco después de la publicación del segundo informe, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Internacional”.

Luego señaló con preocupación las “violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de seguridad del Estado” y que “continúa siendo un obstáculo la falta de datos” por parte del Estado.

Valiñas destacó que, “en los últimos meses, se han producido algunos avances en casos emblemáticos abordados por la Misión”. Sin embargo, reiteró que “los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen el derecho de participar en las investigaciones” que se llevan adelante en el país.

La presidenta de la Misión se refirió a la reforma judicial que se planteó desde la Asamblea Nacional venezolana y consideró que la misma “es insuficiente” si en la práctica no hay un respeto por los derechos humanos. “Hay decenas de personas que llevan más de tres años detenidas sin juicio. En la segunda mitad de 2021 se produjeron dos muertes en prisión relacionadas por falta de atención médica”, manifestó.

Mencionó -como este jueves lo hizo Michelle Bachelet- el caso de Javier Tarazona, el presidente de la ONG Fundaredes, quien se encuentra detenido y su estado de salud está deteriorado. “La Misión recibió información de que recibió tortura psicológica”.

Por último, expresó: “Hoy la vida cotidiana de los venezolanos sigue afectada. Han soportado una década de crisis política, social, económica y de derechos humanos. La muestra de todo ello son los más de seis millones que debieron abandonar el país. Continuaremos trabajando de manera independiente e imparcial en el país”, concluyó.

A lo largo de su actualización oral, Valiñas citó algunas de las conclusiones del informe presentado en septiembre del año pasado. Dicho escrito destacó que el Estado (el régimen de Nicolás Maduro) “no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos”.

“El sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”, indicó.

La Misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar las violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al régimen de Maduro e indicó en su informe de septiembre pasado que realizó “177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos”.

Además, efectuó un “extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales”, y de “183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno” entre 2014 y agosto de 2021, y documentó “las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal”.

Venezuela, gobernada por Maduro desde 2013, vive una debacle social y económica que, según la última actualización de la ONU, ha forzado en los últimos años la salida del país de seis millones de personas.

Con la mediación de Noruega, el régimen de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, iniciaron en agosto un proceso de negociación política en México para sacar a Venezuela de la crisis. Sin embargo, dicho proceso fue interrumpido por el propio régimen, que en los últimos días dijo estar dispuesto a sentarse a conversar.

Este jueves, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su actualización oral sobre la situación de los DDHH en Venezuela.

En el marco del 49 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresó: “Desde septiembre del año pasado -fecha en que hizo la última actualización hasta ayer-, hemos visto 93 incidentes relacionados con el espacio cívico de Venezuela, incluidos las amenazas”.

Luego indicó que “la reforma al sistema de justicia y la reestructuración de la Policía son pasos prometedores, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de prisión. Estas reformas deben implementarse inmediatamente”, pidió.

En otro orden, consignó que “la reciente celebración de un memorando de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal es una excelente oportunidad para el compromiso del gobierno de Venezuela” en materia de derechos humanos. Igualmente, subrayó: “Seguimos observando los desafíos al debido proceso”.

“Reitero que todos los detenidos arbitrariamente deben ser puestos en libertad y debe garantizarse el debido proceso. Deben tener una atención médica adecuada”, resaltó.

Posteriormente, dijo que sigue con preocupación el enjuiciamiento de los miembros de la ONG Fundaredes. “Su director sigue detenido y su salud preocupa”, subrayó.

Bachelet también hizo referencia a la necesidad de “fortalecer el diálogo” entre todos los actores de la sociedad y dijo que “es alentador saber sobre las discusiones para la reanudación de las negociaciones entre el gobierno y la oposición”.

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