Reactivación con punche y con voluntad

Para ninguno debería de ser una novedad, el hecho de que el proceso de descentralización en el Perú ha sido fallido. No solo en lo que respecta a mejorar la calidad de vida de la población y brindar oportunidades para todos, sino también en la generación y fortalecimiento de capacidades para que los gobiernos subnacionales: gobiernos regionales y municipalidades, contribuyan al cierre de brechas sociales.

Como hemos mencionado en anteriores oportunidades, si bien la pobreza monetaria en nuestro país se redujo de 58.7% en 2004 a 20.2% en 2019, según cifras del INEI; se registra una pobreza multidimensional de casi 40%, es decir, que 2 de cada 5 peruanos carecerían de servicios básicos que le garanticen una calidad de vida digna. Servicios públicos de salud, educación, agua y saneamiento, e infraestructura en general, distan mucho del óptimo con el que deberíamos de contar a nivel nacional, más aún teniendo una economía que, hasta antes de la pandemia, creció por veintiún años ininterrumpidamente.

Asimismo, recordemos que solo en 2022, los gobiernos regionales y municipalidades dejaron de invertir S/ 16.543 millones de su presupuesto de inversión pública, que son equivalentes al 60% de la brecha de infraestructura de alcantarillado sanitario de todo el país; o a 1.8 millones de peruanos con acceso a agua y alcantarillado.

Si hablamos de ejecución de obras públicas, al cierre de 2022, son 1.879 obras consideradas paralizadas, de las cuales más del 80% (1,528) se encuentran bajo las jurisdicciones de los Gobiernos regionales (193) y municipalidades (1,335) a nivel nacional. Este nivel de entrampamiento de las obras públicas, sean cuales sean los factores asociados al mismo, retrasa enormemente las mejoras en el acceso a servicios públicos de calidad en el interior del país, lo que finalmente se traduce en descontento social.

En este contexto, y apostando por la reactivación regional, luego de superada la crisis de gobernabilidad por la que pasó nuestro país y con la recomposición del aparato público en carteras clave, el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del plan Con Punche Perú, viene trabajando e implementando una serie de medidas para contrarrestar la falta de capacidades de funcionarios en la administración pública y destrabar la ejecución de obras.

Una de las medidas ha sido la asignación de S/ 100 millones para la contratación de gerentes Servir y gerentes de alto rendimiento, tanto para los gobiernos regionales como para las municipalidades, y así mejorar la gestión de los recursos públicos en favor de la población. Si bien esta medida no sería una imposición de parte del Ejecutivo, en tanto requeriría de la voluntad de las autoridades en el interior del país para acceder a este beneficio, la evidencia nos muestra que no les vendría mal un poco de ayuda.

El gran reto que se ha trazado el Ejecutivo es alcanzar el 100% de nivel de ejecución de los presupuestos para inversión pública. Un reto bastante ambicioso, si tenemos en cuenta que estamos hablando de un Estado, cuyos Gobiernos regionales y municipalidades no han ejecutado más del 70% de sus presupuestos en los últimos seis años, y siendo 2023 el primer año de funciones de las nuevas autoridades en el interior del país, periodo en el cual se suelen registrar las menores tasas de ejecución.

El Ejecutivo viene trabajando de sol a sol para implementar alternativas que aceleren la ejecución de los recursos públicos, teniendo como norte el cierre de brechas. Quedaría en la cancha de los gobernadores regionales y alcaldes, aprovechar al máximo las aptitudes y capacidades de los gerentes públicos. Quedaría en ellos ponerle voluntad en beneficio de su población.