Reflexiones sobre ordenamiento territorial en el Perú

Según el último Reporte de Conflictos Sociales N° 219 de la Defensoría del Pueblo, al mes de mayo del año 2022 se registran un total de 205 conflictos sociales en el país. De dicho total, 130 corresponden a conflictos socioambientales (es decir, 63.4% del total), siendo que 111 de ellos están vinculados con la implementación o desarrollo de proyectos mineros y de hidrocarburos.

De la estadística antes descrita, se hace evidente un fenómeno que venimos afrontando en el sector energético y minero desde hace ya varios años; esto es, la resistencia y “bloqueo social” respecto a la implementación y desarrollo de proyectos extractivos. Actualmente, cada vez resulta menos determinante o decisivo qué tan diligente, bien planificado y/o evaluado esté un proyecto de inversión extractivo. Si no se cuenta con el apoyo y buenas relaciones con las comunidades y los diferentes actores sociales (entre ellos, las autoridades locales) un proyecto de inversión se vuelve de imposible implementación.

En este contexto, la elaboración y aprobación de instrumentos de planificación territorial se vuelve de vital importancia pues dicha labor debe ser ejecutada con sumo cuidado, respetando los derechos y garantías de los inversionistas, las poblaciones locales y, en general, el ordenamiento legal vigente. Siendo esto así, me parece importante referirme al primer Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en el país, el mismo que ha sido elaborado por la región Tacna y que marcará un hito y precedente relevante para esta labor en otras regiones y jurisdicciones.

El Plan de Ordenamiento Territorial (“POT”) de la región Tacna fue aprobado mediante Ordenanza Regional No.028-2021-CR/GOB.REG.TACNA, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de febrero de 2022 (y su presentación oficial ha sido realizada en junio por el mismo gobierno regional). Cabe resaltar que, esta aprobación se ha dado en el marco del proceso de ordenamiento territorial que la región Tacna inició en el año 2012 con la aprobación de su Zonificación Ecológica Económica. A su vez, este proceso continuó con la aprobación de los Estudios Especializados y el Diagnóstico Integrado del Territorio del departamento Tacna, ambos instrumentos técnicos que dan sustento al POT.

De acuerdo con la normativa ambiental vigente, el POT es un eslabón de todo el proceso denominado “Ordenamiento Territorial” (“OT”). Así las cosas, mientras el OT es el proceso político y técnico integral para la toma de decisiones en relación a la ocupación ordenada y sostenible de un territorio; el POT es uno de los instrumentos de planificación y gestión del territorio que destaca por ser – principalmente – dinámico y participativo. En otras palabras, un POT no tiene vigencia indefinida ni es inmutable (debe ser actualizado si la realidad lo exige) y requiere siempre de la participación de los diferentes actores involucrados en un territorio. Asimismo, este instrumento se ejecuta a escala regional, provincial y local, en concordancia con las funciones definidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades, y en el marco de las políticas nacionales de desarrollo.

No debe perderse de vista que uno de los principales objetivos del POT de una región es promover y facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Por este motivo, resulta de vital importancia que los Estudios Especializados y el Diagnóstico Integrado del Territorio que sirven para su elaboración, de acuerdo a la normativa vigente, sean elaborados de manera diligente, minuciosa y responsable. Hago énfasis en esto último porque no debe olvidarse que el concepto de “aprovechamiento sostenible” no es ni debería ser sinónimo a generar restricciones poco razonables o limitaciones en el ejercicio de derechos para implementar nuevos proyectos de inversión o seguir potenciando aquellos existentes. Por lo tanto, las entidades gubernamentales y diferentes actores que participen en la elaboración de estos instrumentos deben hacerlo bajo un constante respeto y cumplimiento del marco legal vigente.

De una primera revisión del POT de la región Tacna (sin una perspectiva técnica), hasta el momento no se ha advertido ninguna contingencia o riesgo; y este mismo instrumento reconoce que la principal actividad económica de la región es la minera (teniendo casi el 50% del territorio concesionado para la evaluación de posibles proyectos mineros). Asimismo, el POT de la región Tacna también reconoce que gran parte de su territorio tiene todavía potencial para el desarrollo de nuevos proyectos extractivos. Por supuesto, todo esto sin desconocer que la viabilidad finalmente de dichos proyectos dependerá – a su vez - de que estos cumplan con las normas ambientales y técnicas vigentes y puedan obtener los permisos y autorizaciones que correspondan.

Por otro lado, en las áreas declaradas como de “tratamiento especial” o en aquellas donde no se ha previsto promover a futuro actividades extractivas, deberán respetarse los derechos adquiridos y este hecho no debe ser impedimento para la continuidad de aquellos proyectos existentes que estén en fase de transición a explotación o ampliación, aplicando criterios razonables y conciliadores.

Tal como he mencionado al inicio de este artículo, la aprobación e implementación del POT de la región Tacna marcará un hito y servirá de modelo para otras regiones. Por ello, se espera que su implementación y monitoreo sean destacables y sirvan como punto de partida para contar con otros instrumentos de este tipo. Es necesario que en la implementación de estos instrumentos técnicos se pueda llegar a acuerdos, conciliando los intereses de las poblaciones y actores locales con los proyectos de inversión presentes en las diversas regiones del Perú.

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