Con la pantomímica elección de este domingo 7 de noviembre, Daniel Ortega está entrando en su quinto período presidencial. Esta pseudo elección, que ha sido cuestionada por diversas organizaciones internacionales y en la que los siete principales precandidatos de oposición fueron encarcelados bajo acusaciones de lavado de dinero y traición a la patria, le asegura fraudulentamente otros cinco años de mandato, con lo que podría sumar 31 años al frente de la nación centroamericana.
Triste récord para uno de los líderes que luchó contra una de las más sanguinarias dinastías dictatoriales del mundo, la de la familia Somoza, que entre padre, hijos y títeres diversos mantuvo el poder en Nicaragua por más de tres décadas. Hasta está utilizando las mismas excusas legales para sacar a sus adversarios del camino –lavado de dinero y traición a la patria—que los Somoza utilizaban para encarcelar a sus opositores, como subraya el escritor Sergio Ramírez, ex líder sandinista y quien fue vicepresidente de Ortega tras el triunfo de la revolución sandinista. Ortega se consolida en el olimpo de las dinastías dictatoriales latinoamericanas, encabezada por la de los Castro en Cuba, y a la que se suman la de Alfredo Stroessner en Paraguay y la de Augusto Pinochet en Chile.
La elección del último domingo es un caso extremo de manipulación. Hasta las protestas del 2018, en las que murieron más de 300 personas, Ortega podía darse el lujo de recurrir a técnicas fraudulentas clásicas para asegurar su triunfo. Al fin y al cabo, gracias a la generosa ayuda de los petrodólares bolivarianos, Ortega mantenía importantes grados de popularidad. Con la debacle de sus benefactores venezolanos, intentó aplicar medidas de austeridad golpeando directamente a los jubilados, lo que detonó las protestas del 2018 y lo enfrentaron a la triste realidad de su debilidad política. Ante unas encuestas que mostraban que cualquiera de los sietes precandidatos que encarceló le vencería en esta elección, aplicó la misma receta que Nicolás Maduro en Venezuela: sacar a los opositores competitivos del medio y encarcelarlos bajo excusas espurias.
¿Qué esperar en Nicaragua? No hay mucho espacio para el optimismo. La presión internacional –como en el caso de Cuba o Venezuela—es vital pero no suficiente para forzar un cambio de gobierno en el corto o mediano plazo. Las sanciones económicas –EEUU está analizando aplicar una cláusula sobre gobernabilidad y respeto a los derechos humanos para suspender el tratado de libre comercio que rige con Nicaragua, lo que sería un fuerte golpe para la economía del país y, lo que es peor, para los nicaragüenses—tampoco han resultado ser muy efectivas.
Nicaragua se enfrenta a un panorama de crecientes dificultades económicas en medio de una profunda degradación de las instituciones, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Desafortunadamente, es probable que el agravamiento de la situación económica lleve a una mayor represión política, ahora que Ortega ha dado un paso más en el secuestro del poder. Algunos analistas señalan que podría intentar volver a un esquema de toma y daca con algunos sectores empresariales para enfrentar la debacle económica, como lo ha hecho en el pasado. Pero al haber encarcelado a algunos dirigentes empresariales, puede que hoy tenga menos espacio que en el pasado.
Frente a este panorama, es imprescindible redoblar los esfuerzos de las organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos y las libertades políticas para mantener la presión sobre el régimen de Ortega. Esto incluye a la izquierda democrática de la región, muchos de cuyos dirigentes todavía ven en Ortega al revolucionario que lucha por la democracia y le rinden pleitesía. Deben despertar. Lejos de ello, Ortega es cada vez más una reencarnación de los Somoza.
*Raúl Ferro es Director del Consejo Consultivo de CADAL.
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