La Comisión Europea propuso este martes prohibir las exportaciones a Irán de componentes susceptibles de ser utilizados en la producción de drones y misiles, y confirmó que trabaja en nuevas sanciones contra Teherán en respuesta a la represión de las protestas que sacuden el país desde hace semanas.
El anuncio lo realizó la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, durante un debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo centrado en la situación de los derechos humanos en Irán. La jefa de la diplomacia europea denunció la “brutal represión” de las autoridades iraníes y expresó el respaldo de la UE a “las legítimas reivindicaciones del pueblo iraní”.
Según explicó Kallas, las nuevas restricciones a la exportación buscan limitar el acceso de Irán a tecnologías y componentes clave que pueden emplearse en la fabricación de drones y misiles. Estas capacidades, subrayó, han sido utilizadas por Teherán para apoyar militarmente a Rusia en su guerra contra Ucrania, un factor que ha reforzado la voluntad europea de endurecer las medidas.
La propuesta se inscribe en una estrategia más amplia de presión sobre Irán que combina sanciones por violaciones de derechos humanos, actividades relacionadas con la proliferación nuclear y el suministro de armamento a Moscú. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, la UE ha señalado de forma reiterada el papel de los drones iraníes en ataques contra infraestructuras ucranianas, lo que ha derivado en rondas previas de sanciones específicas.
Kallas recordó que la Unión ya ha impuesto restricciones a individuos y entidades iraníes considerados responsables de la represión interna, así como a actores vinculados a los programas de drones y misiles. A estas medidas se suman congelaciones de activos, prohibiciones de viaje y limitaciones comerciales en sectores sensibles.
En paralelo, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior continúan evaluando nuevas opciones. Kallas señaló que se examina “activamente” qué otras medidas pueden adoptarse para responder a la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes frente a las protestas, que han sido reprimidas con detenciones masivas, uso de la fuerza y restricciones a las comunicaciones.
Las protestas en Irán, detonadas por el malestar social y político, han reavivado las críticas internacionales sobre el historial de derechos humanos del país. Organizaciones internacionales y gobiernos occidentales han denunciado ejecuciones, juicios sin garantías y la persecución de activistas, periodistas y defensores de derechos civiles. Según confirmaron las propias autoridades iraníes, durante las manifestaciones han muerto más de 5.000 personas.
En el plano institucional, la Comisión lleva varios días trabajando con los 27 Estados miembros en la elaboración de un nuevo paquete de sanciones. Las discusiones se desarrollan a nivel de embajadores, con el objetivo de alcanzar un consenso que permita su aprobación formal en el Consejo de Asuntos Exteriores.
La fecha marcada en el calendario es el próximo 29 de enero, cuando los ministros de Exteriores de la UE se reunirán previsiblemente para dar la aprobación final. Como ocurre con la política de sanciones europeas, la decisión requiere unanimidad, un requisito que en ocasiones ha ralentizado o moderado el alcance de las medidas.
Más allá del impacto inmediato, el endurecimiento de la posición europea refleja una convergencia entre la agenda de derechos humanos y la dimensión geopolítica del conflicto en Ucrania. Para Bruselas, limitar la capacidad industrial y militar de Irán se ha convertido en un elemento clave tanto para presionar al régimen en el plano interno como para reducir su proyección militar externa.
La evolución de las protestas en Irán y la capacidad de la UE para mantener la cohesión entre los Estados miembros serán determinantes para el alcance final de las sanciones. En un contexto de tensiones regionales y guerra en Europa del Este, Bruselas busca enviar una señal política clara: la represión interna y la implicación militar indirecta en conflictos internacionales tendrán un coste creciente para Teherán.
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