Indonesia puso en vigor este viernes un nuevo código penal que prevé penas de prisión para quienes mantengan sexo extramarital, convivan fuera del matrimonio o difundan noticias falsas.
La normativa introduce medidas de corte ultraconservador al tipificar como delitos conductas como la promoción del ateísmo y la crítica al presidente o vicepresidente, lo que ha desatado críticas de organizaciones de derechos humanos y expertos.
De acuerdo con la nueva legislación, tener relaciones sexuales con una persona distinta del cónyuge puede ser penado con hasta un año de cárcel, mientras que vivir como pareja sin estar casados se sanciona con hasta seis meses de prisión.
Para que se inicie un proceso penal, es preciso que un familiar directo —padre, hijo o pareja legal— presente una denuncia, lo que excluye expresamente a los turistas extranjeros de estas restricciones. Esta excepción cobra especial relevancia en destinos como Bali, donde en 2025 llegaron siete millones de viajeros internacionales.
El código penal establece penas de hasta seis años de prisión para quienes difundan intencionadamente informaciones falsas que provoquen desorden social. Esta disposición faculta al gobierno a calificar como desestabilizadores a ciertos individuos en momentos de tensión política o económica. Aunque la nueva normativa aclara que la crítica fundada por interés público no constituye delito, persiste inquietud sobre su potencial uso para restringir la labor de la prensa independiente.
Asimismo, la incitación pública a la apostasía puede implicar hasta cuatro años de cárcel, especialmente si implica amenazas o fuerza, y se prevén hasta tres años de prisión por “atacar el honor” del presidente o vicepresidente, siempre que exista una denuncia formal por parte de la autoridad.
El marco legal sanciona también la promoción del comunismo y las declaraciones sobre poderes sobrenaturales empleados para causar daño, penalizadas con hasta 18 meses de privación de libertad.
La aprobación parlamentaria de la reforma en diciembre de 2022 y su entrada en vigor ahora han reavivado el debate sobre el rumbo político y social de Indonesia, la tercera mayor democracia del mundo y país con mayor población musulmana. Entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido que estas normas representan un retroceso en materia de derechos fundamentales y en el espacio reservado para las libertades civiles.
En respuesta a las críticas, el ministro de Interior y Justicia, Yusril Ihza Mahendra, subrayó que el nuevo enfoque contempla alternativas a la prisión, como el servicio comunitario, e introduce una orientación especial hacia la rehabilitación médica y social de quienes consumen drogas, con el fin de aliviar la presión sobre el sistema penitenciario. Sobre los delitos de índole privada, como el sexo extramarital, Mahendra destacó la necesidad de una denuncia familiar antes de que intervenga la autoridad, para reducir la injerencia estatal en la vida personal.
Indonesia se identifica desde su independencia en 1945 con la ideología Pancasila, que proclama la pluralidad y el secularismo. Sin embargo, el fortalecimiento de la religiosidad y de movimientos islamistas genera preocupación en la sociedad civil, que aprecia en la reforma penal un retorno a restricciones asociadas con el autoritarismo previo a la democracia actual.
El turismo sigue siendo un motor económico esencial para regiones como Bali, y la exclusión de los extranjeros de los delitos relacionados con la convivencia y el sexo sin matrimonio se interpreta como un intento de proteger esta fuente de ingresos fundamental para el país.
En este entorno, expertos como Abdul Fikar Hadjar, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Trisakti, destacan la importancia de la vigilancia ciudadana activa y del uso de herramientas legales como el Tribunal Constitucional para defender los derechos fundamentales cuando estos se vean amenazados por el exceso de poder estatal.
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