El reciente fallo de un tribunal en Aachen, Alemania, que condenó a un hombre por drogar, violar y grabar a su esposa durante años para luego difundir los videos en internet, ha puesto en evidencia las lagunas legales en torno a los delitos sexuales y la distribución de contenido de abuso en el país.
El caso, considerado “muy significativo” por la organización Nur Ja Heisst Ja, ha reavivado el debate sobre la definición legal de consentimiento y la necesidad de adaptar la legislación a los desafíos que plantea la tecnología digital.
El tribunal sentenció a Fernando P., un conserje escolar de sesenta y un años, a ocho años y seis meses de prisión tras hallarlo culpable de abusar de su esposa en el domicilio conyugal, filmar los hechos y compartirlos en plataformas y chats en línea sin el conocimiento de la víctima.
Según la corte, el acusado violó “la esfera más íntima de la vida privada y los derechos personales mediante grabaciones de imágenes en treinta y cuatro casos, incluyendo cuatro en concurrencia con violación agravada y lesiones corporales peligrosas”.
Además, fue condenado por coacción sexual agravada y agresión sexual.
El tribunal precisó que el hombre “sedó y abusó sexualmente de su esposa en repetidas ocasiones en el hogar conyugal. También filmó los actos y puso las grabaciones a disposición de otros usuarios en chats grupales y plataformas de internet”. La sentencia puede ser apelada en el plazo de una semana.
La investigación determinó que los delitos juzgados ocurrieron entre 2018 y 2024, aunque la acusación abarcaba un periodo de casi quince años.
El tribunal absolvió al acusado de otros cargos, cuyos detalles no fueron divulgados. Este caso es el primero de su tipo que llega a los tribunales alemanes, según la campaña Nur Ja Heisst Ja (“Solo sí es sí”), que busca reformar la definición legal de violación en Alemania.
Jill S., activista de la organización, declaró a CNN que el proceso “muestra dónde existen vacíos en nuestro sistema legal”. Actualmente, la legislación alemana se basa en el principio de “no significa no”, lo que, según los activistas, deja desprotegidas a las víctimas que han sido drogadas y no pueden oponerse verbalmente. Nur Ja Heisst Ja impulsa la adopción del estándar “sí significa sí”, que exige consentimiento explícito para los actos sexuales.
El caso de Fernando P. ha sido comparado con el del francés Dominique Pelicot, quien fue condenado hace un año por violación agravada tras organizar durante casi una década la violación y el abuso de su entonces esposa, Gisèle, por parte de decenas de desconocidos contactados en salas de chat.
En ese proceso, otros cuarenta y nueve hombres también fueron hallados culpables de violación o agresión sexual. El caso Pelicot conmocionó a la opinión pública y generó un debate sobre la violencia de género y la misoginia en Francia.
La dimensión digital de estos delitos preocupa especialmente a los expertos y legisladores. Jill S. subrayó ante CNN que la posesión de contenido de violación aún es legal en Alemania, lo que representa un problema grave.
No obstante, la ministra de Justicia de Baja Sajonia, Kathrin Wahlmann, ha iniciado una campaña estatal para criminalizar la tenencia de este tipo de material.
El año pasado, periodistas de investigación en Hamburgo descubrieron pruebas de otro hombre que, durante catorce años, compartió videos en un sitio para adultos mostrando presuntamente la drogadicción y violación de su esposa, aunque nunca fue procesado porque falleció en 2024.
En Francia, la diputada Sandrine Josso también reclama una actualización de las leyes para proteger a las mujeres frente a estos abusos. Josso, quien denunció haber sido drogada por el entonces senador Joël Guerriau en noviembre de 2023, afirmó a CNN: “Creo que las leyes actuales no están suficientemente ancladas en la realidad”, y sostuvo que no consideran cómo el entorno digital fomenta ecosistemas únicos de abuso.
Josso describió los sitios web y salas de chat que alojan contenido de violación como una “universidad en línea de la violencia”, donde los hombres pueden enseñarse mutuamente a drogar a sus parejas y compartir grabaciones de sus presuntos delitos.
“Las redes sociales lo han facilitado porque se forman comunidades que comparten consejos, refinando y profesionalizando sus métodos. Eso es lo que lo hace tan alarmante”, explicó.
Tanto en el caso de Pelicot como en el de Fernando P., el contenido abusivo fue difundido en internet. Jill S. lamentó ante CNN: “Lo triste es que todos estos hombres se sentían realmente seguros compartiendo este contenido, subiéndolo a internet, dejando miles de videos en sus portátiles en casa”.
La activista confía en que el fallo del viernes contribuya a romper esa sensación de impunidad y propicie la condena de más agresores.
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