
La provincia andina de Imbabura cumplió este jueves 25 días de protestas con las vías principales bloqueadas, pese a la tregua parcial anunciada un día antes por el gobierno ecuatoriano tras una reunión con dirigentes indígenas provinciales, según informaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y representantes estatales.
La movilización, cuyo epicentro se mantiene en Imbabura, fue convocada a nivel nacional por la Conaie y se originó tras la eliminación del subsidio al diésel, medida decretada el 12 de septiembre por el presidente Daniel Noboa. El costo del galón de diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares, lo que derivó en bloqueos, protestas y una ola de reclamos que se centraron en esta provincia.
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Pese al anuncio de una tregua parcial tras casi seis horas de diálogo entre el ministro del Interior, John Reimberg, y representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI), las bases indígenas rechazaron el acuerdo y mantuvieron los bloqueos. Las carreteras de Imbabura continuaban este jueves bloqueadas con árboles, rocas, llantas quemadas y montículos de tierra, bajo la vigilancia de manifestantes.
La ciudad de Otavalo, principal escenario de las protestas, experimentó una marcada reducción de sus actividades comerciales. El aislamiento de la provincia ha dificultado el abastecimiento normal de alimentos, combustibles y medicinas.
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Durante las conversaciones con el gobierno de Ecuador, los representantes indígenas demandaron la liberación de los detenidos en las protestas del martes, donde las fuerzas del orden utilizaron gases lacrimógenos, y reclamaron que se esclarezcan las causas de la muerte de dos manifestantes alcanzados por proyectiles, según denuncias de la Conaie. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, indicó en declaraciones a radio Sucre que las causas de las muertes se deben esclarecer en el proceso de investigación y que se está trabajando en mecanismos de reparación tanto para civiles como para miembros de las fuerzas del orden heridos durante las movilizaciones.
Además de rechazar la eliminación del subsidio al diésel, la Conaie sumó a su pliego de exigencias la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 12% y expresó su oposición al referéndum previsto para el 16 de noviembre, una consulta impulsada por Noboa que abordaría la posible conformación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Pese a estas demandas, el gobierno mantiene su postura sobre el diésel, el nivel del IVA y recalca que la situación de los detenidos corresponde al ámbito judicial.
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La ministra Rovira confirmó que las mesas técnicas de diálogo comenzarán el próximo lunes, señalando que los pedidos indígenas son “justos” y deben ser atendidos “de forma inmediata”. Reconoció, no obstante, que el rechazo de las bases a la tregua forma parte de un proceso en marcha y que se implementará una planificación para la reactivación social y económica de Imbabura, afectada tras días de conflictividad y bloqueo, tal como declaró a radio Sucre.
En un comunicado, la Conaie precisó que “respeta y respalda acciones territoriales legítimas”, si bien exhortó a las bases a mantener la “calma y la unidad” y a evitar provocaciones o divisiones internas. La organización no fue convocada a la reunión entre el Gobierno y los dirigentes de Imbabura.
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La protesta iniciada tras la eliminación del subsidio se extendió inicialmente a seis provincias, aunque con el paso de los días se concentró en Imbabura. Otras provincias registraron bloqueos y manifestaciones adicionales este jueves, entre ellas Pichincha, Cañar y Loja, según la policía.
El Gobierno sostiene que la supresión del subsidio busca frenar el contrabando de combustible hacia Colombia y Perú, y asegura que los recursos ahorrados se canalizarán a zonas en situación de necesidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó esta semana a establecer un “diálogo inclusivo, intercultural y genuino” entre el Ejecutivo y los manifestantes, y reconoció reportes preliminares sobre el uso excesivo de la fuerza tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de los participantes en las protestas.
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Hasta este jueves las protestas han dejado dos fallecidos, decenas de heridos y aproximadamente 140 detenidos. El analista y catedrático de la Universidad Andina, Hernán Reyes, expresó a The Associated Press que el acuerdo alcanzado evidencia una falta de comprensión, por parte del Gobierno, de las demandas profundas de las comunidades indígenas, señalando que la confrontación oficial alimenta el descontento debido a la persistencia de problemas estructurales como la pobreza y la falta de oportunidades.
(Con información de EFE/AP)
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