La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores detenidos por el régimen de Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores nicaragüenses detenidos y considerados críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según informó este viernes la parte solicitante.

Los beneficiados son Armando José Bermúdez Mojica, Olga María Lara Rojas, Pedro José López Calero, Jessica María Palacios Vargas y su hermano, el pastor evangélico Rudy Antonio Palacios Vargas. Estos cinco disidentes forman parte de los al menos 73 opositores y críticos del régimen sandinista que permanecen encarcelados en Nicaragua, y que organismos humanitarios reconocen como presos políticos.

En la resolución, fechada el 16 de septiembre, la CIDH explicó que otorgó las medidas tras concluir que los opositores enfrentan una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida y a la integridad personal corren el riesgo de sufrir un daño irreparable en Nicaragua.

Según la parte solicitante, las detenciones ocurrieron el 17 de julio de 2025, cuando agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP) allanaron los domicilios de los opositores en Jinotepe, departamento de Carazo, “como represalia por su pertenencia a una familia opositora y crítica del Gobierno de Nicaragua”. Desde ese día, familiares y allegados afirman no tener información sobre su paradero ni su destino, hecho advertido por la CIDH.

Organismos humanitarios han señalado que tras los arrestos, personas cercanas se presentaron en distintos centros penitenciarios en busca de información sobre su ubicación y condiciones actuales, pero que, pese a las gestiones realizadas, las autoridades estatales no habrían brindado datos oficiales sobre su paraderos ni situaciones.

El régimen, por su parte, tampoco proporcionó información a la CIDH. Ante este silencio, el organismo, con base en el artículo 25 de su reglamento, pidió a Nicaragua adoptar medidas urgentes para determinar la situación y paradero de los beneficiarios con el fin de proteger sus derechos.

Además, solicitó que indique si los opositores han sido acusados de algún delito y presentados ante autoridad judicial, o que, en caso contrario, aclarar el motivo de su detención sin cargos y sin supervisión judicial, precisando las circunstancias de la detención, el lugar en que se encuentran y si tienen acceso a sus representantes legales, familiares y atención médica necesaria.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se profundizó tras las elecciones de noviembre de 2021, cuando Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato consecutivo. Dichos comicios se realizaron con sus principales contendientes encarcelados, quienes posteriormente fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de “golpistas” y “traición a la patria”.

(Con información de EFE)