El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ordenó este domingo la revocación de varios privilegios asignados a los diputados del país, en respuesta a las masivas protestas y episodios de violencia registrados desde el pasado lunes por el anunciado aumento salarial en la Cámara de Representantes. La decisión gubernamental se produjo después de que al menos cuatro personas perdieran la vida, viviendas de altos funcionarios fueran saqueadas y edificios públicos resultaran dañados en distintos puntos del archipiélago.
Subianto comunicó la medida durante una rueda de prensa transmitida a nivel nacional.
“Los dirigentes de la Cámara de Representantes han acordado revocar varias políticas, entre ellas las dietas y la moratoria sobre las visitas de trabajo al extranjero”, declaró el mandatario.
También anunció la suspensión de encuentros oficiales fuera del país y la eliminación de asignaciones adicionales para los legisladores. Según recogió el canal estatal, estas resoluciones buscan calmar la crisis y responder a la indignación pública surgida tras la revelación de que los 580 miembros del Parlamento habrían incrementado sus ingresos en un 33 %, alcanzando salarios equivalentes a 14.000 dólares, mientras millones de ciudadanos sobreviven con un tres por ciento de esa cantidad mensual.
“He ordenado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de Indonesia que tomen las medidas más enérgicas posibles contra la destrucción de instalaciones públicas, el saqueo de viviendas particulares y centros económicos”, añadió el presidente. Subianto canceló además su viaje previsto a China, donde pensaba asistir al desfile internacional del 3 de septiembre, para manejar personalmente la crisis. El llamado del mandatario a la ciudadanía fue a “confiar en el Gobierno y permanecer tranquilos”.
Las manifestaciones, inicialmente pacíficas y localizadas en Yakarta, se desbordaron tras la muerte el jueves de un joven conductor de la aplicación GoJek atropellado por un vehículo policial. El hecho desató protestas violentas, saqueos y el incendio de un edificio gubernamental en Makassar, donde tres personas perdieron la vida el viernes por la noche, según confirmaron las autoridades. Voceros gubernamentales reconocieron que varias regiones de Indonesia han registrado daños materiales por ataques contra edificios estatales y residencias de políticos.
La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, fue una de las afectadas por los desórdenes, cuando su casa en Tangerang fue saqueada por una multitud en la madrugada del domingo.
“Había cientos, quizá cerca de mil personas”, relató a la agencia estatal Antara uno de los custodios del domicilio, Ali. La residencia estaba vacía al momento del ataque. Previamente, manifestantes habían asaltado domicilios del diputado Ahmad Sahroni y de Eko Hendro Purnomo.
La extensión geográfica de las protestas reflejó un descontento social generalizado. La movilización se propagó a ciudades de las provincias de Nusa Tenggara Occidental, Java Central y Java Occidental, donde varias sedes parlamentarias locales fueron atacadas y resultaron con daños severos. Los cuarteles policiales en la capital enfrentaron cercos ciudadanos y escenas de alta tensión, aunque la policía aseguró que logró “calmar a la multitud y restaurar la normalidad” antes del amanecer.
Las redes sociales, en particular TikTok, jugaron un papel relevante en la difusión y organización de las protestas. Un portavoz de la plataforma confirmó que, por motivos de seguridad, se suspendió “voluntariamente” la transmisión de directos desde cuentas indonesias durante los disturbios más intensos del sábado y domingo.
La respuesta del Ejecutivo busca contener una crisis social vinculada a la desigualdad económica, el acceso a recursos y la percepción de beneficios desproporcionados otorgados a los representantes legislativos. Mientras la investigación sobre los hechos violentos y las muertes sigue en curso, las autoridades reforzaron la presencia de fuerzas de seguridad en áreas estratégicas y reiteraron el llamado oficial a la calma, en una Indonesia marcada esta semana por el malestar social y el repudio a los privilegios de la clase política.
(Con información de EFE)
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