Mientras la guerra en Ucrania entra en una nueva fase de incertidumbre, marcada por el incierto respaldo de Estados Unidos, Kiev intensifica su presión diplomática para que los países europeos den un paso más allá: confiscar unos 200.000 millones de euros en activos rusos congelados y destinarlos directamente a su defensa y reconstrucción.
La iniciativa, impulsada por altos cargos del Gobierno ucraniano y respaldada por sectores económicos, busca transformar estos activos en un arma política y financiera clave frente a la invasión rusa. “Es hora de pasar de usar los intereses a emplear directamente los activos para comprar armas, invertir en la industria de defensa ucraniana y apoyar la recuperación”, aseguró el ministro de Exteriores Andrí Sibiga durante una conferencia en Kiev.
Actualmente, varios países europeos utilizan los intereses generados por estos activos —cifras que oscilan entre 2.500 y 3.000 millones de euros anuales— para financiar asistencia militar o créditos a Ucrania. Pero para las autoridades de Kiev, no es suficiente. Durante su visita a España, el primer ministro ucraniano Denís Shmigal enfatizó que confiscar los fondos rusos es esencial para la reconstrucción del país.
Justicia, disuasión y urgencia
La propuesta no se presenta solo como una solución económica, sino como una cuestión moral. “La confiscación se alinea tanto con la justicia, como con la disuasión”, sostuvo Oleksandr Merezhko, jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano. Citando el Derecho Internacional, afirmó que “los culpables de crímenes internacionales proporcionen una compensación completa”.
Merezhko también subrayó el carácter preventivo de la medida: “Si Europa canaliza estos fondos hacia Ucrania después de cada crimen ruso, esto podría refrenarlos”.
La idea suma apoyos en países como Polonia, Lituania y Suecia, así como en figuras como Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea. Pero otros gobiernos siguen mostrando cautela.
Desde Bélgica, donde se encuentra una parte sustancial de los activos, el primer ministro Bart de Wever llegó a afirmar que una confiscación podría ser vista por Moscú como “un acto de guerra”.
Merezhko replicó con firmeza: “Esto no es un acto de guerra: es un acto de justicia en respuesta a los crímenes rusos contra Ucrania”.
El dilema económico
A pesar del respaldo político en algunos sectores, persisten las dudas sobre el posible impacto en la estabilidad financiera europea. El canciller alemán Friedrich Merz expresó en mayo que, aunque Alemania estaría dispuesta a actuar si se encuentra una vía legal, es necesario considerar los riesgos. “Si encontramos una manera legalmente sólida de movilizar estos fondos, actuaremos, pero debemos considerar los riesgos para los mercados financieros europeos”, expresó.
Sin embargo, desde Ucrania restan importancia a esos temores. La economista Ilona Sologoub, de VoxUkraine, argumenta que la falta de alternativas viables al dólar y al euro, y de reacciones internacionales tras el congelamiento de activos en 2022, demuestra que los riesgos de fuga de capitales son limitados. Aunque reconoció que “Rusia podría tomar represalias confiscando activos de empresas europeas”, sostuvo que que esas compañías deberían dejar de todos modos de financiar indirectamente la guerra comerciando con Rusia.
El argumento central, para ella, es estratégico: “El verdadero riesgo está en no confiscar los activos rusos. Si alguien puede invadir un país y mantener su dinero a salvo, eso alienta a otros agresores”.
Hacia una acción concreta
Más allá del debate, algunos pasos concretos podrían estar en camino. Según Ruslán Stefanchuk, portavoz del Parlamento ucraniano, Francia estaría cerca de establecer un marco legal para avanzar con la confiscación. En declaraciones a medios locales, Stefanchuk afirmó que la Unión Europea empieza a reconocer su papel central en el apoyo a Ucrania.
Desde el Centro Internacional para la Victoria de Ucrania se propone al menos una alternativa inmediata: la creación de un fondo fiduciario especial que permita una gestión activa de los activos congelados para generar mayores beneficios. La participación de Ucrania en este fondo, sostienen sus promotores, permitiría maximizar el impacto en defensa, reconstrucción y compensación a las víctimas, escribieron recientemente Andrí Mijeiev y Olena Galushka, de la citada organización.
Desde 2022, Ucrania ya ha nacionalizado cerca de 50.000 millones de dólares en activos de empresas extranjeras, según datos del KSE Institute. Sin embargo, los gobiernos europeos, de acuerdo con el instituto, no deberían sacrificar el apoyo a Ucrania para proteger inversiones arriesgadas de sus empresas.
Pero en Kiev advierten que no hay tiempo para esperar a que la guerra termine. “Tenemos que ayudarles ahora, pero nuestro presupuesto es muy ajustado”, insistió Merezhko. La guerra continúa, y con ella, el dilema de Europa: avanzar con decisiones concretas o mantener una postura cautelosa frente a los riesgos involucrados.
(Con información de EFE)
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