El miércoles, Amnistía Internacional y la organización Iran Human Rights (IHRNGO), una ONG opositora al régimen iraní, condenaron la ejecución de Abbas Korkuri, un prisionero acusado de presuntos actos violentos durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022. Amini, de 22 años, falleció tras ser detenida por no llevar correctamente el velo islámico.
La agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní, informó de la ejecución del preso, arrestado por su supuesta implicación en las manifestaciones en la ciudad de Ize, en el sur del país, donde se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que dejaron al menos siete muertos, incluido un niño de 10 años, Kian Pirfalak, cuyo asesinato conmocionó al país.
Iran Human Rights expresó su rechazo a la ejecución de Korkuri y condenó el acto “en los términos más enérgicos”. Además acusó a las autoridades iraníes de responsabilizarlo injustamente por la muerte de Kian Pirfalak. Según la organización, Korkuri fue forzado a confesar bajo tortura.
En un comunicado, IHRNGO subrayó que el niño fue asesinado por agentes de seguridad iraníes, un hecho que fue confirmado por los familiares de Kian, quienes aseguraron que no tienen “nada en contra” de Korkuri, quien fue arrestado después de haber recibido un disparo en la pierna.
“Fue sentenciado a muerte sin un juicio justo y sin derecho a ser representado por un abogado de su elección, y fue ejecutado esta mañana”, denunció Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización IHRNGO.
IHRNGO también instó a que se considere al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y a otros altos funcionarios iraníes responsables de la “muerte extrajudicial” de Korkuri, de Kian Pirfalak y de “miles de inocentes”.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) calificó la ejecución de Korkuri como una “espantosa” violación de los derechos humanos, señalando que reflejaba el “desdén” de las autoridades iraníes por el derecho a la vida. AI destacó el uso de la pena de muerte como una herramienta para “aplastar la disidencia e infundir miedo entre la población”.
La organización también criticó el juicio de Korkuri, al que consideró “extremadamente injusto”, y denunció que su confesión fue obtenida bajo tortura. Según AI, el régimen iraní emitió videos propagandísticos con confesiones forzadas, uno de los cuales muestra al prisionero “en una cama de hospital, con el brazo vendado”.
El aumento de ejecuciones arbitrarias de manifestantes en Irán ha generado preocupación, ya que las autoridades del país “continúan cometiendo crímenes contra el derecho internacional”, afirmó Hussein Baoumi, Director Regional Adjunto en Oriente Medio y el Norte de África de AI.
La muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial desató una ola de protestas sin precedentes en la República Islámica, con un fuerte carácter feminista y el lema “Vida, Mujer, Libertad”. Las manifestaciones fueron sofocadas violentamente por el Estado, lo que resultó en al menos 500 muertes.
Hasta la fecha, al menos 11 personas han sido ejecutadas por presuntos delitos cometidos durante esas protestas. Irán sigue siendo uno de los países con mayores índices de ejecuciones, con un total de 972 en 2024, 119 más que en 2023, según Amnistía Internacional.
(Con información de EFE)
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