
Las órdenes de arresto emitidas este jueves por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant, quedan pendientes ahora de su potencial acatamiento por parte de los Estados miembro de la corte, un aspecto que ha marcado en gran medida las reacciones globales al dictamen.
Sudáfrica, que denunció a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la presunta comisión de genocidio en la Franja de Gaza, ve en las órdenes de arresto un “paso significativo hacia la justicia” dentro del actual contexto de tensiones, por lo que lo ha celebrado.
El Gobierno sudafricano “reafirma su compromiso con el Derecho Internacional y urge a todos los Estados parte a actuar conforme a sus obligaciones dentro del Estatuto de Roma”, que obliga a los más de 120 países firmantes a proceder a la detención de Netanyahu en caso de que ponga un pie en su territorio.
El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha recordado desde Jordania que la orden es “vinculante” para los Veintisiete, en la medida en que todos ellos forman parte del citado Estatuto. “No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia internacional y las decisiones de los tribunales tienen que respetarse e implementarse”, ha expuesto.

El ministro de Exteriores neerlandés, Caspar Veldkamp, ha señalado en declaraciones en el Parlamento que las autoridades de Países Bajos, que acoge la sede del TPI, aplicarán al “cien por cien” los compromisos internacionales y, por tanto, procederán a arrestar a Netanyahu en caso de visita. También ha sugerido que estudiarán futuros contactos con el Gobierno israelí para limitarlos a lo esencial, informa la cadena NOS.
Noruega, que junto con Irlanda y España dio este 2024 el paso de reconocer a Palestina como Estado, ha reivindicado por boca de su ministro de Exteriores, Espen Barth Eide, el “papel crucial” que juega el TPI en el marco judicial global. “Confío en que seguirá con el caso conforme a los máximos estándares en materia de juicio justo”, ha señalado.
En cambio, Estados Unidos dijo que rechazaba “categóricamente” la decisión de la Corte Penal Internacional. “Seguimos profundamente preocupados por la precipitación del Fiscal a la hora de solicitar órdenes de detención y por los preocupantes errores de proceso que han llevado a esta decisión. Estados Unidos ha dejado claro que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto”, declaró un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
Desde América Latina, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha descrito como “lógico” que el TPI ordene detener a un “genocida” como Netanyahu, por lo que ha emplazado ahora a la comunidad internacional a “acatar” la medida.
“Europa occidental debe recobrar su independencia en la política internacional y actuar para cumplir la orden judicial”, ha advertido Petro, que por otra parte ha dado por hecho que Estados Unidos, que no forma parte del TPI, no tomará ningún tipo de medidas. “Si (el presidente Joe) Biden desconoce esta orden, simplemente conduce al mundo a la barbarie”, ha agregado.

El Gobierno de Argentina, en cambio, ha mostrado su “profundo desacuerdo” con las órdenes de arresto, ya que entiende que “ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah”, según consta en un mensaje difundido por el presidente Javier Milei.
El Ejecutivo argentino cree que “criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional”, por lo que ha llamado a otros países a “defender la soberanía” de Israel y “actuar con justicia e imparcialidad en la búsqueda de una paz duradera en la región”.
(Con información de Europa Press)
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