La Fiscalía de Paraguay presentó una acusación contra el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio por presunto cohecho pasivo agravado en base a un supuesto soborno que habría recibido del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués, cuya relación confirmada derivó en su cese en febrero de 2022.
Giuzzio, quien también ejerció como titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), ya fue imputado en agosto de 2022 por estos hechos. De acuerdo con la investigación, desde julio de 2021 hasta febrero de 2022, mantuvo contacto directo con Espíndola Marqués, quien se encuentra detenido en Brasil.
La investigación sostiene que el narcotraficante, tal y como refirió Giuzzio, se ofreció al Estado paraguayo como proveedor servicios de seguridad a través de sus empresas, si bien los fiscales van más allá y apuntan a que el ex ministro habría aceptado a “título gratuito” y por “cortesía” algunos de estas prestaciones, detalla la prensa paraguaya.
Así, apuntan a que, en pleno ejercicio de sus funciones como ministro del Interior, Giuzzio aceptó por “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados que fueron a parar a la Policía Nacional y el servicio de un vehículo blindado para su uso personal durante un viaje privado a Brasil en diciembre de 2021.
Narcotráfico en Paraguay
En junio, el ministro del Interior de Paraguay, Federico González, advirtió de que el narcotráfico ha permeado “en todos los niveles y en todos los estamentos” de su país, y confirmó que se reforzó la seguridad en el departamento de Amambay (norte) tras el asesinato de un presunto líder de sicarios en esa zona de la frontera con Brasil.
“El narcotráfico ha permeado en todos los niveles y en todos los estamentos de nuestro país, no solo el microtráfico, sino también el tráfico a gran escala, lo incluye lavado de dinero y todo lo que hace al hampa y al crimen organizado”, declaró González a la radio ABC Cardinal.
El funcionario subrayó que para las autoridades “es una lucha permanente”.
González lamentó en ese contexto el asesinato de Marcio Sánchez, alias “Aguacate”, acusado de sicariato y considerado antiguo escolta del empresario Jorge Rafaat, al que algunos medios locales relacionaban con el narcotráfico y quien falleció en 2016 durante un atentado en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
El cadáver de Sánchez, con 33 impactos de bala, fue hallado en junio en una zona adyacente al Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero, la capital de Amambay.
Posteriormente, las autoridades allanaron una vivienda, también próxima al Palacio de Justicia de esa localidad, y en la que se presume fue cometido el crimen.
“Es una pena, realmente, que se sigan dando este tipo de situaciones, porque una vida humana vale demasiado, no importa de quién sea, sea buena o mala persona”, agregó el funcionario, para quien “lo ideal sería que no se den todo este tipo de situaciones y de casos ni en Pedro Juan Caballero ni en ningún lugar del territorio nacional”.
El 15 de junio del año pasado, Sánchez había escapado de la llamada operación “Persea del Norte”, que involucró a unos 200 policías y 16 fiscales que buscaban desarticular una presunta red de sicarios, al parecer liderada por el ahora fallecido.
Consultado sobre la presunta infiltración a algunos funcionarios en estos casos, González admitió que esta situación es “un gran desafío, un problema muy grande para todas las fuerzas de seguridad”. Aclaró, sin embargo, que hay “policías excelentes”.
“Lastimosamente, como en toda organización humana, hay gente que no comparte, que no tiene en cuenta los valores y los principios que motivan y que llevan adelante a las fuerzas policiales”, afirmó el titular del Interior, que consideró “fundamental” el rol de la familia para formar en valores a los ciudadanos.
La ciudad de Pedro Juan Caballero ha sido escenario de numerosos asesinatos, muchos de ellos vinculados por las autoridades con el narcotráfico y el accionar de bandas criminales tanto de Paraguay como de Brasil.
(Con información de Europa Press)
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