Francia busca el diálogo para lograr la reforma jubilatoria

La gran reforma, aplazada en varias oportunidades por Emmanuel Macron, espera finalmente tener lugar el 10 de enero de 2023. Si el ciclo de debates avanza con los interlocutores sociales y las fuerzas políticas, la presentación del nuevo esquema de pensiones de Francia, que tanto involucró al presidente de la República, casi un hito de su administración, verá la luz.

Para 2030, las medidas de cambio en la edad de las jubilaciones generarían para las arcas galas 18.000 millones de euros de ahorro. En vista del déficit que hay que cubrir, al menos para los presupuestos del gobierno, esto deja unos 5.000 millones disponibles para las numerosas medidas de acompañamiento previstas, como la pensión mínima, extensión de las carreras o salidas por invalidez.

Luego de un Consejo de Ministros, donde se definieron los lineamientos políticos para lograr los acuerdos, Macron invitó a su gobierno a “ser audaz y permanecer atento a las preocupaciones del pueblo francés”, a “ponerse en el lugar de todos, en el momento en que estamos reformando”, informó el portavoz del gobierno Olivier Véran durante el informe de la reunión.

Mientras tanto, se ultiman los detalles para la presentación de la “gran reforma”. Antes de esto, la primera Ministra, Élisabeth Borne, se encontrará con representantes sociales, reuniones que si bien estarán abiertas a propuestas, no evitarán que a través de la movilización política y social “en la calle” se busque hacer “retroceder” la iniciativa gubernamental.

Los principales sectores sindicales, que rechazan el aumento de la edad de jubilación a los 65 años, recibieron un mensaje de Borne esta semana adelantándoles que este umbral “no es un tótem”. “Hay otras soluciones que también pueden hacer posible alcanzar”, dijo a la prensa francesa, precisando el objetivo del Gobierno es buscar el equilibrio del sistema de pensiones para el año 2030.

Ya sea que se opte por la jubilación a los 65 o 64 años, el proyecto estará acompañado de una aceleración del aumento del período de cotización, 42 a 43 años. Ambas opciones mantendrían el sistema de pensiones en verde. Con un superávit, en 2030, cercano a los 5.000 millones de euros. Esta combinación espera sea susceptible para que sea aceptada de mejor manera por una opinión pública que se resiste hace años a la propuesta de Macron.

“Esta reforma tiene un doble objetivo”, resume Olivier Dussopt, el ministro de Trabajo, a cargo de los grandes trazos del proyecto. El primero es “asegurar el equilibrio” de un sistema “estructuralmente deficitario”, que debería volver a hundirse en números rojos en 2023 y registrar pérdidas de hasta 15.000 millones de euros en 2030 si no se logra la reforma. La segunda “para mejorar el sistema“, vía “el nivel de las pequeñas pensiones”, la “prevención del desgaste profesional” y la consideración de “largas carreras”. Esto implica “financiar nuevos derechos” para “empleados y futuros jubilados”.

Otro punto central, que defiende el Ejecutivo, es establecer una pensión mínima para todos los jubilados que pretendan una carrera completa. Este umbral debería representar al menos el 85% del salario mínimo, es decir, 1.200 euros en 2023 cuando entre en vigor la reforma.

Pospuesta en diciembre, durante su discurso a la Republica, el ultimo dia de 2022, Emmanuel Macron, confirmó que “2023 será el año de la reforma de las pensiones”. Para eso, el Gobierno actúa con celeridad. El proyecto de ley debe ser adoptado por el Consejo de Ministros el 23 de enero de 2023, para ser examinado en el Parlamento.

Sabiendo que no hay mayoría legislativa, no se descarta la vía de un nuevo texto presupuestario para agilizar los plazos utilizando el articulo 49,3 que le permitiría al Ejecutivo sacar el proyecto. La reforma podría estar vigente a partir de finales del verano de 2023.

“Lo que me hubiera gustado es que el presidente de la República y el gobierno vinieran a buscar el consenso social para poder imponer la reforma a la Asamblea Nacional donde no tiene mayoría”, decía en voz alta uno de los sindicalistas que concurrió a Matignon para reunirse con la primera Ministra.

Desde hace varias semanas los sectores sociales advierten al ejecutivo sobre los riesgos de un conflicto mayor. En el seno del ejecutivo y de las empresas de los gremios que adelantan conflictividad, se preguntan si este expediente puede desatar huelgas masivas y manifestaciones violentas, en especial sacar a las calles a los “chalecos amarillos”.

El gobierno está especialmente preocupado por los bloqueos que puedan surgir en sectores estratégicos: transporte público, refinerías, centrales nucleares, entre otros. Sobre todo con la aproximación del congreso de la CGT previsto para marzo, que además definirá en los próximos días su nueva conducción.

En ese sentido, el diario Le Parisien planteaba en un artículo el siguiente interrogante: ¿2023 verá el regreso de los chalecos amarillos? La pregunta surge a medida que aumentan los llamados a relanzar el movimiento el 7 de enero. Ante un contexto social en ebullición, “todos los chalecos amarillos” están llamados a salir a la calle este primer sábado de enero “en todas partes de Francia”, pero especialmente “en la capital”, remarcaba el diario parisino.

La consigna se amplía si se incluye el rechazo de la opinión pública contra la reforma de las pensiones pero también contra la inflación, los precios de la energía y los combustibles o el uso de un artículo constitucional para sacar la “gran reforma”, un equivalente en otros países a un decreto presidencial.

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