La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado de nuevo este martes su preocupación por la situación de mujeres activistas que fueron “detenidas o secuestradas” en Kabul tras participar en movilizaciones y ha reclamado a los talibán una “investigación transparente” sobre estos casos.
El 19 de enero, tres días después de una protesta para defender los derechos de las mujeres en la capital afgana, desaparecieron las activistas Parwana Ibrahim Jil Tamana Paryani, así como varios familiares. A estos casos, que ya había denunciado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se han sumado este mes los de Mursal Ayar y Zahra Mohammadi.
“No hay información sobre su paradero”, ha lamentado la portavoz del Alto Comisionado, Liz Throssell, en un comunicado en el que la oficina que lidera la expresidente Michelle Bachelet ha vuelto a dirigirse expresamente a las “autoridades de facto”, en una alusión velada a los talibán.
En concreto, les reclama una “investigación efectiva y transparente”, al tiempo que exige la “inmediata liberación de todas las desaparecidas y que se respete su “integridad física y mental”.
El respeto de los derechos de las mujeres ha sido una de las reivindicaciones más repetidas en estos últimos meses por parte de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. Los talibán, que no han incluido a ninguna mujer en su gabinete provisional, han promovido de nuevo la segregación por sexos en la educación, entre otros retrocesos.
Varios países como Alemania o Países Bajos transmitieron igualmente su preocupación por las activistas y urgieron a iniciar una investigación para dar con ellas.
Las mujeres viven un retroceso de sus derechos desde la llegada al poder de los talibanes a mediados de agosto, con la imposibilidad de muchas de ellas de regresar a sus puestos de trabajo, o el cierre para las estudiantes de las escuelas de secundaria.
El pasado diciembre, Mohammadi ya había advertido que los talibanes habían arrestado a algunas de sus compañeras, por lo que debían ser más precavidas y cambiar de estrategia, optando por protestas clandestinas en lugares cerrados.
La respuesta talibán
El Gobierno talibán negó este lunes su implicación en las detenciones de cuatro mujeres activistas en Afganistán, entre ellas Zahra Mohammadi, en medio de la creciente preocupación por dar con su paradero y saber si se encuentran bien.
Mohammadi “no ha sido arrestada por las fuerzas de inteligencia del Emirato Islámico (como se autodenomina el Gobierno talibán)”, dijo el portavoz de inteligencia de los islamistas, Khalil Hamraz, que añadió que tampoco detuvieron al resto de mujeres.
El viceportavoz del Ministerio del Interior afgano, Aqeel Jan Ezaam, también aseguró que las activistas no se encuentran bajo su custodia.
Los islamistas se defendían así de las continuas acusaciones por la desaparición de las activistas, entre ellas las efectuadas hoy por el padre de Mohammadi, quien aseguró en redes sociales que había mantenido una conversación telefónica con su hija, en la que esta le confirmó que se encontraba en una prisión talibán.
Mohammadi fue arrestada el pasado 3 de febrero, días después de asistir junto a Mursal Ayar, también detenida, a una protesta en Kabul en favor de los derechos educativos y laborales de las mujeres, que padecen el ataque de las nuevas normas del todopoderoso Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio.
La enviada especial de Naciones Unidas para Afganistán, Deborah Lyons, también expresó este domingo en una reunión con el viceprimer ministro talibán, Abdul Kadir, su “creciente preocupación por el bienestar de las mujeres desaparecidas”.
“El apoyo mundial a Afganistán se erosiona si no se respetan todos los derechos de los afganos”, informó en Twitter la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA).
(con información de EP y EFE)
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