Más de 1.000 personas han perdido la vida a raíz de la brutal represión de las autoridades desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero pasado, confirmó este miércoles la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
”Según nuestros datos, 1.001 vidas inocentes han sido asesinadas. Aunque el número real de víctimas puede ser mucho más alto”, apuntó en un breve mensaje a través de las redes sociales Tate Naing, secretario de AAPP, con sede en la localidad tailandesa de Mae Sot, cerca de la frontera con Birmania.
El Ejército tomó el poder mediante un golpe de Estado incruento que terminó con una década de incipiente democracia y arrestó a los principales líderes políticos antes de la jornada inaugural del Parlamento resultante de las elecciones del pasado noviembre.
Tras unos días de tensa calma, miles de personas comenzaron a salir a la calle para exigir al régimen militar el restablecimiento de la democracia y respeto para los resultados de los comicios, donde arrasó, como ya hiciera en 2015, el partido liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi.
El 19 de febrero, Mya Thwe Thwe Khine, una joven de 20 años que participaba en una protesta en Naipyidó, falleció tras recibir un disparo en la cabeza y se convirtió en la primera víctima mortal desde la toma de poder.
Al paso de los días la violencia fue en aumento y llegó a todos los rincones del país, con masacres de civiles como la registrada en abril en Bago, a unos 70 kilómetros de Rangún, donde al menos 82 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad.
Otro de los episodios más sangrientos se registró a lo largo de julio en la ciudad de Kani, en la nororiental región de Sagaing, donde AAPP contabiliza al menos cuatro matanzas con un total de 43 muertos a manos de las autoridades.
Muchos de los cadáveres hallados en Kani muestran signos de tortura y algunos habrían sido ejecutados, denuncia este miércoles la oenegé birmana en un informe centrado sobre las masacres allí ocurridas.
”Estos hechos evidencian que la junta militar comente crímenes de lesa humanidad”, apunta AAPP al denunciar que estas “atrocidades” supone la violación de la Convención de Ginebra y pide a la comunidad internacional que actúe contra la junta golpista.
AAPP también contabiliza 7.320 detenciones arbitrarias, entre las que se encuentra el arresto de Suu Kyi, la depuesta líder birmana y acusada de múltiples cargos, entre ellos corrupción, vulnerar las leyes contra la pandemia o violar la Ley de Secretos Oficiales.
Min Aung Hlaing, el general al frente de la sublevación y autoproclamado primer ministro, justifica la toma de poder por el supuesto fraude masivo en las elecciones de noviembre, que contaron con el aval de observadores internacionales, y prometió celebrar nuevos comicios antes de agosto de 2023.
A pesar de la celebración de elecciones, el Ejército mantenían un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos de Birmania gracias a las provisiones establecidas en la Constitución de 2008, sancionada por los militares que gobernaron el país mediante una sucesión de dictadoras desde 1962 hasta 2011.
(con información de EFE)
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