La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó este jueves una ley que blinda a los funcionarios que fueron señalados por la Corte de Cuentas por presuntas irregularidades a la hora de gestionar los fondos destinados a la lucha contra el coronavirus en el país.
La medida beneficia al ministro de Sanidad, Francisco Alabí; a la exministra Ana Orellana; a la comisionada de operaciones del Gabinete, Carolina Recinos; a la exdirectora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Rosa Delmy Cañas; a la exdirectora de la Dirección Nacional de Medicamentos Mónica Ayala; y a otros funcionarios que como parte del Ministerio de Sanidad autorizaron compras e importaciones irregulares de material sanitario.
Así, los diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC aprobaron una legislación que permite realizar compras sin cumplir los controles establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) y libra de responsabilidades administrativas, civiles y penales a los funcionarios que participaron en los procesos de compras y también a los contratistas, según informaciones del diario ‘El Faro’.
Además, legaliza las compras realizadas desde marzo de 2020, cuando la Organización Mundial para la Salud (OMS) declaró la pandemia de coronavirus. La iniciativa fue sometida a votación casi inmediatamente después de haber sido introducida en la agenda parlamentaria, por lo que no siguió el proceso establecido con un debate previo en una comisión de trabajo de la Asamblea, como en otras ocasiones.
“Las siguientes personas o entidades que operan en el sector salud gozarán de inmunidad ante denuncias o demandas judiciales o administrativas, así como estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial y obligación de indemnizar”, recoge el texto en el artículo 4.
La ley también incluye a numerosas personas que participan en el proceso de compra. “Eso incluirá el diseño, desarrollo, prueba o investigación clínica, fabricación, etiquetado, distribución, transporte, almacenamiento, formulación, empacado, comercialización, promoción, venta, compra, donación, dispensación, prescripción, administración, concesión de licencias, comercialización o uso de tales productos para tratamientos médicos para atender la pandemia de COVID-19”, señala el documento.
Los partidos opositores ARENA y FMLN criticaron la medida y afirmaron que el Gobierno busca una ley que “permita que los delitos por la mala administración del dinero queden impunes”.
“Esta ley la aprobarán como una ley de orden público, para que tenga efectos retroactivos, es decir, que queden impunes todas las demandas presentadas en la Fiscalía por malos manejos de la pandemia en los hospitales públicos”, aseveró el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA.
La bancada de Nuevas Ideas y sus aliados justificaron, no obstante, que la ley agilizará los procesos de compra de material sanitario y servicios para la pandemia. “Esta ley trata de cubrir a las personas que están en primera línea en el sistema de salud”, afirmó el diputado de GANA Guillermo Gallegos.
(Con información de EP)
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