Rodrigo Duterte se adjudicó los asesinatos que su Gobierno lleva adelante en la guerra contra las drogas: “Iría feliz a la cárcel”

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró que no tiene ningún problema en asumir la responsabilidad de los miles de asesinatos cometidos durante la guerra contra las drogas que lleva adelante su gobierno, al tiempo que reconoció estar listo para enfrentar cargos que pudieran llevarlo a la cárcel, aunque no por crímenes de lesa humanidad, como lo acusan grupos de derechos humanos.

“Si hay asesinatos, digo que soy yo. Pueden responsabilizarme de cualquier muerte de la guerra contra las drogas”, manifestó Duterte en un discurso televisado el lunes por la noche.

“Llévenme a la corte para que me encarcelen. No tengo ningún problema. Si sirvo a mi país yendo a la cárcel, lo haré con mucho gusto”, agregó el mandatario, quien hizo de la guerra contra las drogas su principal promesa electoral y la premisa central de su gobierno.

La policía informó que 6.000 sospechosos de drogas fueron asesinados, pero los organismos de control de derechos humanos creen que el número de muertos es mucho mayor. Muchas de ellas son ejecuciones extrajudiciales.

“Si te matan es porque las drogas me enfurecen”, expresó el presidente, que tiene abierto un “examen preliminar” en la Corte Penal Internacional (CPI) sobre su papel en lo que podrían haber sido crímenes de lesa humanidad cometidos durante su campaña. La instancia podría convertirse en investigación formal en los próximos meses.

Para evitar esa investigación, Duterte ordenó el retiro de Filipinas de la CPI, que continúa con las averiguaciones porque las denuncias se produjeron antes de que se formalizara la salida del país asiático.

En el pasado,el presidente llamó a agentes de la ley a matar a personas con problemas de adicción y narcotraficantes y les garantizó impunidad por ello. Esas palabras que avalarían los cargos de lesa humanidad, según diversas organizaciones de derechos humanos que han promovido las denuncias ante la CPI y tribunales nacionales.

Duterte justificó sus comentarios como parte de la amenaza que representan las drogas para la seguridad nacional y pública, y la comparó con la “insurgencia comunista de décadas que el gobierno está obligado a sofocar”.

“Si se permite que esto siga y siga y si no se toman medidas decisivas contra ellos, se pondrá en peligro la seguridad del Estado”, señaló el líder filipino.

“Cuando salvas a tu país de la perdición de personas como los NPA y las drogas, estás cumpliendo un deber sagrado”, expresó, en referencia a los insurgentes comunistas del Nuevo Ejército Popular.

Según Duterte, hay 1,6 millones de drogadictos en Filipinas. La cifra es mucho menor que los 4 millones de adictos que, según él, informó la policía al principio de su presidencia para justificar su represión.

La policía comunicó que al menos 5.856 sospechosos de drogas fueron asesinados en operativos y más de 256.000 fueron arrestados desde su ascenso al ejecutivo. Los grupos de derechos humanos acusan a las autoridades de informar menos muertes de las que verdaderamente hubo.

Decepción con la ONU

Grupos civiles y defensores de derechos humanos en Filipinas confiaban en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido a principios de mes en Ginebra, aprobara una resolución para abrir una investigación internacional independiente sobre violaciones de derechos en el país asiático, como las ejecuciones extrajudiciales de la guerra antidroga o los asesinatos de activistas y líderes sociales.

Sin embargo, el organismo se limitó a dar luz verde a una resolución que prestaba “apoyo técnico” al gobierno filipino para agilizar las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en el país, lo que decepcionó a amplios sectores de la sociedad en el país.

“Con el historial de este gobierno de descarado desprecio por los derechos humanos, los incansables esfuerzos de sus funcionarios para denigrar a los defensores de estos derechos y la campaña activa para silenciar a los críticos, desconfiamos que los supuestos programas de asistencia técnica sirvan para detener estas violaciones de derechos humanos”, lamentó EcuVoice, una coalición de organizaciones dentro y fuera de Filipinas.

“Incluso tememos que el gobierno abuse de dichos programas de cooperación, y los utilice como cortina de humo para ocultar su apatía y desprecio hacia las víctimas o para cometer represalias contra activistas y defensores de derechos humanos que participan en el proceso”, añadió EcuVoice.

Desde Amnistía Internacional lamentaron que el órgano de la ONU fracasara en “promover justicia para las familias en duelo de Filipinas, que habían puesto sus esperanzas en la comunidad internacional”.

CON INFORMACIÓN DE EFE

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