En punto de las 13:45 horas del miércoles 14 de septiembre, agentes de la Policía Federal Ministerial de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron al general José Rodríguez Pérez, uno de los militares presuntamente involucrados en la muerte y desaparición de al menos seis de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Inmediatamente después de su captura, fue trasladado a los juzgados militares de la prisión del Campo Militar 1-A, en donde fue ingresado horas más tarde.
Cuando se perpetraron los crímenes en contra de los estudiantes, Rodríguez Pérez se desempeñaba como comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, a donde se habría ordenado que se llevaran los restos de los estudiantes, de acuerdo con algunas conversaciones reveladas recientemente.
Los mensajes intercambiados entre miembros del cártel de Guerreros Unidos revelaron que un sujeto identificado como El Negro se había puesto de acuerdo con Rodríguez Pérez, a quien nombraban como El Coronel, para inculpar al grupo criminal y deslindar al Ejército de toda responsabilidad.
Sumado a ello, las más recientes investigaciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ) apuntaron que José Rodríguez Pérez habría sido quien ordenó el asesinato y desaparición de seis normalistas que permanecían con vida hasta cuatro días después de la privación de su libertad en una bodega de Pueblo Viejo.
“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos –suscitados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014– y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes de El Coronel”, aseguró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Hasta antes de su captura, Rodríguez Pérez ocupaba el rango de general brigadier, al cual fue ascendido en 2015, todavía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por sus “méritos, aptitudes y competencia profesional”, según un documento firmado por el mismo expresidente y su secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.
Rodríguez Pérez fue el primer mando de la Sedena identificado abiertamente por el gobierno federal como involucrado en la ejecución de los estudiantes.
El primero de 20
El pasado 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones de Iguala, Guerrero.
La detención de José Rodríguez Pérez representa el inicio de la persecución en contra de elementos militares vinculados a los crímenes en contra de los normalistas.
En la lista de los agentes castrenses buscados por las autoridades también figura Alejandro Saavedra Hernández, quien en aquel entonces era comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo.
Los informes oficiales reportaron que Saavedra Hernández tuvo conocimiento de todo lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 y los días siguientes, pues tenía acceso en tiempo real al a las comunicaciones de inteligencia del C-4. Asimismo, se presume que Rodríguez Pérez respondía a las órdenes de Saavedra.
Rodríguez Pérez ocultó información a la Sedena en 2014
Según declaraciones asentadas en documentos oficiales de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y publicadas por La Jornada, el 28 de septiembre de 2014 un agente del Ministerio Público Federal visitó las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala para realizar algunas revisiones.
Sin embargo, el entonces comandante Rodríguez Pérez le negó el acceso al agente y a los peritos que lo acompañaban, pues “no podría mostrarles las instalaciones por motivos de seguridad nacional”, de acuerdo con el tomo 657 de la carpeta de investigación que sobre el caso inició la PGR.
En las indagatorias también se encontró que el comandante tenía conocimiento de los nexos entre la Policía Municipal de Iguala y la delincuencia organizada. Además, supo de las agresiones desde el primer momento, pero no ordenó la presencia inmediata de las fuerzas castrenses en el lugar, “sino que decidió mantener a su personal ‘pendiente y alerta de cualquier contingencia’”.
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