Valeria Santiago, diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó este lunes 7 de febrero una iniciativa que guarda el objetivo de que las personas con discapacidad tengan derecho a la consulta previa en la elaboración de leyes, políticas públicas y programas que se relacionen con sus derechos humanos.
Para lograr esto, Santiago Barrientos propuso modificar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), la cual consta de adicionar un capítulo XII denominado “Del derecho a la consulta previa” al Título Segundo con un Artículo 32 Bis de dicha ley.
En congruencia con esto, propuso establecer que los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y los de las entidades federativas, estarán obligados a llevar a cabo un procedimiento de consulta previo e informado a las personas con discapacidad antes de la expedición de leyes, políticas públicas o programas de este demográfico.
Y es que el Artículo 32 de esta ley habla sobre la libertad de expresión, opinión y acceso a la información que poseen las personas con discapacidad, esto para que “les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población”.
La iniciativa fue remitida a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su correcta dictaminación. Asimismo, el oficio sostiene que la consulta previa es fundamental para el respeto de sus derechos pues en el procedimiento de consulta “se articulan varios derechos imprescindibles para la garantía de todos los demás derechos y libertades básicas”.
Asimismo, señaló que desde el legislativo se debe garantizar el derecho a la consulta para las personas con discapacidad, pues esto promueve una agenda de derechos para que ellos participen más activamente en la formulación de leyes, políticas públicas y programas que les intervengan.
Como parte de su argumentación presentada en la exposición de motivos, la secretaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana en San Lázaro recordó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, de los 8.3 millones de personas identificadas con discapacidad, 4.1 millones se encuentran en situación de pobreza multidimensional.
Asimismo, 0.9 millones están en situación de pobreza extrema, lo que representa 10.2% de la población de este demográfico. Lo que significa que es 1.8% más grande respecto a sus pares que no tienen alguna discapacidad.
Conforme a lo postulado por la abanderada del Partido Verde, la discapacidad es una de las problemáticas que más afecta la calidad de vida de la población y cuya atención requiere políticas públicas específicas, pues el estigma y la discriminación, “desafortunadamente son muy comunes”, agregó.
Por ello, recalcó la importancia de llevar a cabo reformas legales que faciliten el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como la promoción de su inclusión sustantiva en la sociedad mexicana.
Finalmente, dentro de la promoción de la agenda de inclusión al interior de la Cámara de Diputados, Shirley Vázquez, del Partido del Trabajo (PT), propuso reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) para incorporar la educación inicial como parte de las atribuciones de vigilancia de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Particularmente, se espera hacer énfasis en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación para que las personas adultas y, particularmente, adultas mayores, puedan utilizar adecuadamente estas herramientas para poder establecer un contacto eficiente con su entorno.
La legisladora señaló que es obligación del Estado procurar la educación en la ciudadanía y que el arribo de estas herramientas digitales coadyuvó a la SEP a mantener sus actividades de enseñanza durante la pandemia de COVID-19. Por lo que enseñar a este grupo sectario es de suma importancia para incentivar sus relaciones en la sociedad.
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