Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, emitió la noche del lunes 22 de noviembre un decreto con el que obliga a todas las dependencias federales a aprobar los proyectos del Gobierno, considerados ahora de seguridad nacional.
La crítica no sólo ha llegado desde la oposición, los periodistas o los analistas políticos y expertos en el tema, pues las Instituciones también se sumaron, desde su trinchera, a la defensa de la información pública.
Tal es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual informó, por su parte, que analizaría de fondo el acuerdo, con el objetivo de “garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados”.
En un comunicado publicado a través de las redes sociales oficiales de la institución, advirtieron que dentro de su artículo primero se puede avistar la reserva de información relacionada con todos los proyectos que ahí se marcan.
De acuerdo con el decreto publicado a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), se trata de proyectos u obras ligados a los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos y aeropuertos.
También estarán incluidos aquellos “que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”.
“Al ser la “seguridad nacional” una de las causales de reserva de información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI advierte que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”, apuntó el INAI.
Ante ello, informaron autoridades de transparencia, sus áreas especializadas ya estudian los alcances del polémico decreto. Añadieron que de ser necesario, explorarán las distintas “vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”.
En este contexto, el INAI, como órgano garante del derecho de acceso a la información, recordó que está facultado para hacer cumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
A través de la anterior, revelaron, se hará una evaluación drástica sobre si el decreto de AMLO no se contrapone a lo establecido en este marco normativo.
De acuerdo con el documento, este decreto se se realizó amparado por diversos artículos de la Constitución Política, como el numero 26, el cual establece que el estado tendrá a su cargo un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
El anterior, indica dicho Artículo, deberá imprimir “solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía y la democratización política, social y cultural de la Nación”.
En este contexto, el mandatario mexicano también consideró que México “requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas”.
Por último, el presidente agregó en dicho decreto que gracias a éste mismo, “la administración de la Cuarta Transformación podrá continuar con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social”.
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