La Secretaría de Gobernación (SEGOB), en representación del gobierno de México, participó en el Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Desplazamiento Forzado Interno, convocado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y destacó su colaboración en la creación y aprobación de una Ley sobre el desplazamiento forzado dentro del país.
Durante su intervención, los titulares de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Rocío González Higuera, y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez Silva, compartieron su contribución en la elaboración del proyecto de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en México.
Cabe recordar que esta legislación ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en el Senado de la República para su evaluación y discusión.
Posteriormente en el encuentro internacional, los funcionarios destacaron el trabajo en los esquemas de prevención y atención integral del tema, mediante la recopilación de datos e información, aproximaciones estadísticas, realización de estudios y elaboración de un diagnóstico.
Asimismo, aseguraron que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 10 de diciembre de 2020, es el primer documento programático del gobierno federal que reconoce este fenómeno y establece una ruta de trabajo para su atención.
“En relación con la prevención, se implementan estrategias para la detección temprana de situaciones generadoras de desplazamientos forzados, así como acciones conjuntas para su potencial neutralización”, se lee en el comunicado emitido por la SEGOB.
Las autoridades federales han participado con instituciones como el Observatorio de Desplazamiento Interno, el Servicio Conjunto de Caracterización de Población Desplazada, la Organización Internacional para las Migraciones y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional en México, así como con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para realizar este proyecto legislativo que ayudará a miles de personas que han abandonado su lugar de origen por algún conflicto.
“De igual manera, se han diseñado instrumentos de colaboración con entidades federativas para promover la legislación local sobre el Desplazamiento Forzado Interno; la asistencia humanitaria y la atención integral a personas en esta situación”, informaron.
Finalmente, exhortaron a las autoridades federales, estatales y municipales, desde sus ámbitos de competencia, para diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y acciones que proporcionen soluciones duraderas a las personas en esta situación.
Además de participar en este Panel y continuar con la ley contra el desplazamiento forzado, la SEGOB, el pasado 4 de mayo, reiteró su compromiso con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) referente al caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco.
Buscará llevar a cabo procesos para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a las 11 mujeres torturadas sexualmente en mayo de 2006 por policías del Estado de México y del Ejército nacional.
“Uno de los puntos centrales que dicta la sentencia es el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida en contra de Mujeres, como medida de no repetición, responsabilidad de esta subsecretaría a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos”, se lee en el comunicado oficial.
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