Este 22 de abril la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, celebró la entrada a vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
La dependencia de gobierno resaltó que este mecanismo es el primero a nivel internacional que, entre otros rubros, garantizará protección de las personas defensoras del medio ambiente. Ante tal contexto, la Subsecretaria de Derechos Humanos continuará incentivando la coordinación con todas las autoridades para cumplir con las obligaciones emanadas de dicha herramienta internacional, dentro de las cuales se encuentra la implementación de medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover el ejercicio de las personas defensoras del medio ambiente, así como la ejecución de acciones oportunas para prevenir e investigar cuando se trate de alguna violación o amenaza a sus garantías individuales.
El pacto de América Latina y Caribe, el cual fue ratificado por 12 países y validado este jueves en el Día de a Tierra, además de ser uno de los primeros acuerdos que se enfocan en la protección de activistas.
“Continuará incentivando la coordinación con todas las autoridades para cumplir con las obligaciones emanadas de dicha herramienta internacional”. se lee en un comunicado oficial lanzado en redes sociales.
Durante el documento se puede apreciar lo siguiente: “la implementación de medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover el ejercicio de las personas defensoras del medio ambiente”.
El gobierno de AMLO prometió usar acciones oportunas para tener un impacto importante cuando se trabaje con violaciones o amenazas sobre las garantías individuales.
Además, el Gobierno mexicano refrendó su compromiso de propiciar “un entorno seguro para la promoción y defensa de los derechos ambientales” y reconoció a las personas defensoras, quienes “contribuyen y fomentan el uso sostenible de los recursos naturales”.
La Segob trabajará en favor de la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras, el cambio climático, el aumento de la resiliencia ante los desastres, entre otros.
Durante el 2020 fueron asesinados 18 activistas y defensores del medio ambiente, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). El total de agresiones, por otro lado, fue de 90. Sin embargo, la cifra de personas asesinadas en su labor de defender la tierra no es la única dimensión de esta tragedia. Según el Índice Global de Impunidad Ambiental (IGI-Ambiental) 2020, las injusticias ambientales son muchas, y ningún estado de la República Mexicana se salva.
Junto a la marca del duelo en las comunidades de donde son arrebatados las y los activistas, víctimas del crimen organizado y megaproyectos puestos en marcha sin consultar a los pueblos, permanece la impunidad como un rasgo común entre este tipo de delitos. Tal es el caso, por ejemplo, del asesinato de Samir Flores, defensor de la tierra y el agua en Morelos, cuya muerte cumplió 2 años de impunidad el pasado 20 de febrero.
La primera edición del Índice Global de Impunidad Ambiental, desarrollado por la Universidad de las Américas Puebla, echa luz sobre todas las dimensiones de la impunidad ambiental. En las cifras que recoge se da a entender cómo el dolor del crimen sin resolver se extiende más allá de las pérdidas humanas. Además de lidiar con el vacío que permanece tras la muerte, se enfrentan a la herida creciente del despojo en sus territorios y costumbres.
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