La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió este miércoles de los peligros por la aprobación del Senado de crear un padrón de usuarios de teléfonos celulares donde será obligatorio compartir datos biométricos y otra información privada para poder tener acceso a una línea en México.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para recrear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es para los integrantes de la Coparmex CDMX una señal de riesgo que enfrentan los valores democráticos del país, representa una amenaza a los datos personales de la ciudadanía y viola diversos preceptos constitucionales”, expresó Armando Zúñiga Salinas, presidente del organismo empresarial en la capital mexicana.
“Preocupa que el Registro de Usuarios aprobado repite los errores cometidos en regulaciones previas con las mismas características, las cuales lejos de combatir la inseguridad y la extorsión telefónica, generaron más riesgos para la ciudadanía y derivaron en el aumento de esos y otros delitos nuevos derivados de las disposiciones del Registro”, añadió.
Ante esto, la Coparmex en la Ciudad de México lamentó que la mayoría de los senadores desatendieran las razones técnicas, jurídicas y económicas expuestas por los especialistas y sus compañeros legisladores. Además, ofrecieron seis puntos por los cuales la preocupación es mayor ante la reforma aprobada.
El primero es que viola el principio de presunción de inocencia al asumir que la persona responsable de una línea registrada, automáticamente será responsable por cualquier delito asociado a un número que podría ser utilizado por cualquier persona.
Además, dijeron, la creación de un registro cuyo manejo será altamente sensible por la naturaleza de los datos biométricos que contendrá, cualquier filtración o acceso no autorizado representaría una seria violación a la privacidad de la ciudadanía de forma irreversible y que podría poner en riesgo incluso su patrimonio por ser información que se utiliza para proteger su acceso a cuentas bancarias y sistemas financieros.
Por otra parte, también limita el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, al frenar su capacidad de comunicarse por tratase de una política orientada al control y vigilancia de la población, e incrementa la brecha digital y limita el acceso a la comunicación de grupos vulnerables y marginados, al imponer nuevas barreras al acceso de líneas telefónicas y ordenar la cancelación de las líneas cuyos usuarios no se registren.
Asimismo, precisó la Coparmex, atenta contra el mandato constitucional de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandato escrito de una autoridad competente, y representa una violación al mandato de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Comunicaciones, que obliga a los operadores de telecomunicaciones a colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia y proporcionar diversa información de los usuarios de telecomunicaciones, previo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.
Por último, también viola la irretroactividad de la Ley, sancionando a usuarios a acatar normas que no estaban vigentes en la fecha de la contratación de su servicio bajo la pena de cancelar su línea telefónica, advirtieron.
“La adopción de este tipo de medidas, no son dignas de un gobierno democrático y plural, y sólo pueden ser interpretadas como una nueva señal del riesgo que enfrentan los valores democráticos en nuestro país”, concluyeron.
El INAI (Instituto de Transparencia mexicano) también había advertido de los peligros de la aprobación de este tipo de padrón. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que “nada más es tener un registro para cuidar a la población, es un asunto de seguridad”.
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