Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha reclamado en diversas ocasiones un trato desigual y violencia política.
Ella está detenida desde agosto del 2019 en el penal de Santa Martha Acatitla. “En este tiempo he visto cómo se deja libre a un peligroso narcotraficante, se defiende incondicionalmente a quien por sus omisiones ha causado miles de muertes y se protege a quien es acusado de violencia sexual”, indicó Robles Berlanga en una columna de opinión publicada en el periódico El Universal.
Refirió que ha sido testigo de los exfuncionarios que han sido extraditados y no han pisado la cárcel. Aunque no menciona ningún nombre en particular, en el caso de Emilio Zebadúa, quien fungió como oficial mayor en Sedesol y Sedatu durante el mismo periodo que Rosario Robles, negoció el criterio de oportunidad y podrá seguir libre mientras aporte datos relevantes y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) también sigue su proceso en libertad, lo cargo en su contra son por operación con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho.
Recientemente, el trabajo hecho por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue cuestionado por la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador por los resultados de la auditoria correspondiente al 2019 y, en ese punto, la exfuncionaria indicó que a la “Auditoria se le descalifica cuando no gustan su informes, se utiliza como ariete para acusarme, sin haber puesto una demanda en mi contra ni tampoco solicitarme que resarcirá el daño”.
La exsecretaria refirió que se señala a partir de un trabajo periodístico, “cuando todos los días paradójicamente se desacredita a los medios de comunicación. Se habla de un supuesto esquema de triangulación de recursos a través de contratos con 8 universidades y 10 dependencias del gobierno anterior, hecho que no han comprobado judicialmente”.
La acusación en contra de la Rosario Robles son por presuntas omisiones, es decir, por no impedir que en Sedesol y Sedatu se firmaran los convenios que dieron origen al desvió de recursos, que realizaron sus subordinados 2012 y 2018, por 5,073 millones de pesos.
Rosario Robles puntualizó “que no se trata de buscar la verdad y justicia sino de venganza y violencia política” y que la tiene encarcelada con una licencia falsa, “acusada de un delito no grave, que no es corrupción, que no amerita prisión y que en ningún momento supone que yo haya afectado el patrimonio público por lo que no procede la reparación de daño. He sido víctima de múltiples violaciones a mis derechos humanos y al debido proceso. Es decir, toda la fuerza del Estado contra una mujer que no huyó y cuyo único delito es su nombre y su género”.
La FGR solicitó una pena de 21 años y la devolución de 5,000 millones de pesos. Tanto la Fiscalía como la ASF coincidieron que no existen condiciones para que se realice un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad.
En tanto, la exfuncionaria aceptó el declararse culpable en la en la omisión en el ejercicio de los recursos de las dependencias a su cargo y ofreció pagar una multa por 5,000 pesos, propuesta que presentó su defensa el 3 de marzo, y con el fin de que se le permita acceder a un proceso abreviado, que implica una pena por seis años.
“No me perdonan que haya ejercido el poder sin cortapisas. Esto se llama violencia política de género. No me sorprende entonces el silencio de algunos de los de ‘antes’ para que convenientemente nadie los voltee a ver, ni tampoco la saña de los de ‘ahora’”, finalizó.
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