Gobierno de Guatemala desmintió demanda contra Tamaulipas por “crimen de estado” después del caso Camargo

Luego de que a lo largo del pasado martes 9 de enero circulara, en medios de comunicación mexicanos, la noticia de que el gobierno de Guatemala interpondría una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el estado de Tamaulipas por el caso de los migrantes calcinados, el país centroamericano salió a desmentir las versiones.

A través de un comunicado oficial, se aseguró que sólo eran “noticias falsas”, además declararon que confían en las autoridades estatales y nacionales para esclarecer el caso acontecido en el municipio de Camargo.

“Por el contrario, (el gobierno de Guatemala) reconoce el esfuerzo y la investigación que desarrolla la Fiscalía General de la República de México, por lo que el Gobierno del Presidente Alejandro Giammattei confía en las autoridades de ese país para esclarecer ese atroz crimen que enluta a familias guatemaltecas”, se lee en el documento.

Asimismo, refirieron que el proceso podría tardar mucho tiempo, pero que las autoridades guatemaltecas se encuentran en la mejor disposición para continuar intercambiando información y colaborando en la investigación.

“Además, se le hace un llamado a la población a no dejarse llevar por publicaciones falsas y a informarse mediante los medios oficiales del Gobierno de Guatemala, porque cualquier disposición sobre este tema será anunciada por los canales oficiales”, sentenció el documento.

Según versiones de medios guatemaltecos, la idea de la demanda por “crimen de estado” hacia Tamaulipas habrían nacido de un artículo publicado por el senador Ricardo Monreal, quien escribió en su página de internet que dicha investigación no debería estar exclusivamente a cargo de la Fiscalía local.

“Una vez reconocida de manera oficial la autoría de la policía estatal de Tamaulipas en la matanza de 16 migrantes guatemaltecos desarmados y 4 civiles mexicanos, el salvaje y artero ataque se encuadra en la tipología de ‘crimen de estado’, el cual es definido como “la acción concertada de agentes estatales para asesinar, desaparecer, exterminar, desplazar o perseguir a grupos de civiles desarmados por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales’”, redactó Monreal.

Desde que fueron encontrados los cadáveres en el Ejido Santa Anita, municipio de Camargo, el pasado viernes 22 de enero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por homicidio pues, de acuerdo a los peritajes, los restos tenían marcas producidas por arma de fuego.

Semanas más tarde, al inicio del mes de febrero, la Fiscalía de Tamaulipas informó que vincularon a proceso a los 12 agentes de la policía sospechosos de haber participado en el homicidio y calcinamiento de 19 personas.

A través de un comunicado, dieron a conocer que derivado del trabajo del Agente del Ministerio Público, y una vez transcurrió la duplicidad del término constitucional solicitado por los 12 probables responsables, el Juez de Control del Poder Judicial del Estado determinó vincularlos a proceso.

Los sospechosos fueron identificados como Mayra E. “V”, Jorge A. “C”, Williams “F”, Edgar “M”, Horacio “R”, Carlos “R”, Jorge “C”, José L. “L”, Héctor J. “A”, Christian E. “G”, Ismael “V” y Horacio “Q”.

A pesar de los avances con esta investigación y el proceso de justicia contra los probables responsables, otros hechos similares acontecieron en el mismo territorio, pues 12 días después de los hechos en Camargo, fueron rescatados 49 migrantes en un vecindario de la ciudad de Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas.

Posteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer el hallazgo de cuatro cuerpos más y un vehículo en el municipio de Miguel Alemán, ubicado a unos 60 kilómetros de la frontera con Texas, Estados Unidos.

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