
El Congreso de Oaxaca aseguró que el domingo 25 de octubre entraron en vigor las reformas y modificaciones a la Ley para la Prevención y Gestión de Residuos Sólidos, las cuales prohíben la venta y distribución del tereftalato de polietileno (PET) y del poliestireno expandido (eps o unicel).
Las adiciones serán a las fracciones XI y XII, mientras que se reformará el artículo 98 de la dicha ley. Éstas fueron aprobadas desde abril de 2019 por la 64 Legislatura local, y publicadas en junio de ese año en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.
Dichas modificaciones propuestas por Horacio Sosa Villavicencio, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, incluyen la adición del artículo 68 bis, el cual prohíbe a las dependencias y entidades de los tres Poderes del Estado, a gobiernos municipales y a órganos autónomos la adquisición, uso y/o distribución de productos en envases o embalajes de un solo uso.

Las sanciones por incumplir estas nuevas reformas irán desde multas por 10 mil y hasta 50 mil salarios mínimos, la suspensión o revocación de concesiones y autorizaciones, así como decomisos, clausuras temporales o definitivas, e incluso el arresto.
Esta ley entró en vigor desde el 28 de junio del año pasado, sin embargo, algunas empresas refresqueras solicitaron una prórroga, la cual fue concedida por los 42 diputados de la legislatura local.
El 23 de diciembre de 2019 terminó el plazo para que las empresas que comercialicen con el consumidor final, junto con distribuidores de venta de cualquier tamaño, dejaran de usar y vender productos envasados en PET y unicel.
Sin embargo, el 8 de enero de 2020 se reformó el Artículo Transitorio Quinto de la Ley para la Prevención Integral de los Residuos Sólidos, con esto, se otorgó una segunda prórroga de seis meses a vendedores de estos productos, popotes y bolsas de plásticos que no tengan un 30 por ciento de material reciclado, para que terminaran con su inventario.

De acuerdo con Sosa Villavicencio, esta disposición buscará la posibilidad de reducir en un 70% la contaminación por PET, y en un 52.8% la emisión de contaminación por botellas desechables refresco, y 17% por botellas desechables de agua.
Asimismo, el presidente de la Jucopo destacó que dicha iniciativa implicará que la industria refresquera repiense las maneras de distribuir productos embotellados, ya que se obligarán a envasar en contenedores menos dañinos para el medio ambiente.
En este sentido, mencionó estar consciente de que estas empresas buscarán un amparo contra esta medida, como ya lo han hecho; sin embargo, llamó a hacer un esfuerzo por el cuidado del estado y del planeta.

“Nosotros no estamos en contra de los empresarios o del libre comercio, sino a favor del medio ambiente. Lo único que pedimos es que los productos que expenden sean amigables y no contribuyan a la degradación de la naturaleza”, aseguró.
De acuerdo con un estudio realizado por Greenpeace junto con el Centro para la Diversidad Biológica, Barco Lab, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Laboratorio de Biodiversidad y Conservación Arrecifal de la UNAM, y el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, anualmente 13 millones de toneladas de plástico van a dar a océanos nacionales, y afectan a más de 700 especies marinas.
Igualmente Greenpeace indica que en México se producen más de siete millones de toneladas de plástico al año, de las cuales, 48% es destinado a envases y embalajes que no necesariamente serán reciclados, pues la capacidad real de reciclaje del total de residuos, en el país, apenas llega al 6.07%
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