La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados mexicana aprobó este martes la propuesta que reforma una serie de leyes para consolidar la participación de la Secretaría de Marina (Semar) en puertos y aduanas en perjuicio de la civil Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en lo que los criticos llamaron una “militarización” de este sector.
En votación nominal, se aprobó con 15 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, por lo que pasará al Pleno de la Cámara Baja cuando lo determine la Mesa Directiva del órgano legislativo. Sin embargo, destacó que hubo tres diputadas de Morena, el partido de la mayoría y que propuso la reforma, que votaron negativamente.
Fueron la influyente Tatiana Clouthier, así como las legisladoras morenistas Lizeth Guerra y Tania Cruz. Los diputados de oposición votaron en contra, menos los integrantes del PRI (Partido Revolucionario Institucional), que se abstuvieron.
El resto de la Comisión aprobó el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.
Pero la iniciativa, que discutirá el Pleno en una fecha por definir, fue recibida con alarma por los expertos. “Definitivamente se trata de una militarización de los puertos”, aseguró a Infobae México el abogado Andrés Alcántara Silva, egresado de la Universidad Iberoamericana.
Con el dictamen aprobado este martes, “las facultades que actualmente tiene la SCT en la materia pasarán a ser competencia exclusiva de la Marina, desplazando por completo los mandos civiles", dejando sin efectos las facultades que compartían ambas dependencias desde 2016 con respecto a la marina mercante, detalló Alcántara Silva.
Precisamente la diputada Clouthier había pedido posponer la discusión de este dictamen por considerar que hacer cambios a esta ley podría representar la pérdida del 30% de empleo de quienes trabajan en la marina mercante.
Por su parte, el legislador Fernando Torres, del opositor PAN (Partido Acción Nacional), estimó durante la discusión que era importante revisar y tomar tiempo para analizarla para no cometer un error legislativo porque “para muchos esta propuesta de reforma raya en la inconstitucionalidad porque las Fuerzas Armadas tienen muy clara cuáles son sus funciones en la Constitución”.
El experto consultado por este medio coincide con esta evaluación. “La iniciativa dictaminada propone modificar solo leyes mas no la Constitución, la cual no prevé en la nómina competencial de las Fuerzas Armadas la administración de los puertos”, explicó.
“Por ello, si las reformas a las leyes son aprobadas sin que se reforme también la Constitución, sí serían inconstitucionales. Es decir, si el dictamen se aprueba en los términos propuestos por la Comisión las reformas serían inconstitucionales”, diagnosticó el abogado de la Ibero.
“El objetivo de darle a la Semar el control y la administración de los puertos es, según las exposiciones de motivos de las iniciativas presentadas y lo dicho por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción e inseguridad. Sin embargo, ello no justifica que se transfieran a la Marina facultades que pertenecen a un órgano civil”, dijo.
“Si bajo el argumento de que ‘es necesario meter orden’ se empieza a dar facultades a las Fuerzas Armadas en todos los ámbitos de la vida pública que necesitan ‘orden’, se caería en el absurdo de militarizarlo todo. Y en ningún caso ese es un escenario deseable”, advirtió el experto.
La silenciosa militarización de México
El presidente mexicano López Obrador llegó al poder con un inédito apoyo en las urnas en 2018 y, entre sus promesas de combate a la corrupción, austeridad gubernamental y honestidad, juró que la estrategia de seguridad, que había llevado al país a una militarización que no pudo ni ha podido detener el aumento de la violencia e inseguridad, iba a cambiar radicalmente.
Sin embargo, ha pasado todo lo contrario. Además del decreto presidencial para mantener el uso de las Fuerzas Armadas en apoyo a labores de seguridad pública, López Obrador ha echado mano de la milicia para realizar varios encargos, como la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, uno de sus proyectos insignia.
Pero el anuncio hace unas semanas de que el Ejército y la Marina también intervendrían en la administración de las aduanas y los puertos del país fue rechazado incluso al interior del gobierno. El titular de la cartera de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, renunció a su cargo citando explícitamente esta determinación.
La iniciativa aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, manifestó Alcántara Silva, “forma parte de la tendencia del presidente López Obrador de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas cuyo carácter es eminentemente civil”.
El abogado recordó que ya en octubre de 2019 se presentó una iniciativa para reformar tres leyes y otorgar con ello a la Secretaría de Marina el control total no solo de los puertos sino también de la marina mercante, pero el trámite de la iniciativa fue suspendido debido al rechazo de organizaciones de la sociedad civil.
¿Inconstitucionalidad?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a finales de junio una controversia constitucional del estado de Michoacán contra el acuerdo de López Obrador que mantiene al Ejército en las calles, el cual ha sido impugnado ante el Alto Tribunal también por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y por legisladores de oposición a través de amparos.
Cuestionado por la viabilidad de una medida similar, Alcántara Silva señaló que, en su opinión, el medio de control constitucional idóneo sería la acción de inconstitucionalidad, con la cual se podría solicitar a la Suprema Corte que declare la invalidez de las reformas.
“Para ello sería necesario que el 33% de los 500 diputados, esto es, cuando menos 165 legisladores, suscriban la demanda pues en caso contrario la misma sería improcedente”, adelantó. Si se suman a todos los diputados de oposición (el autodenominado “Bloque de Contención”), se alcanzaría el número necesario.
“En este caso la SCJN sí podría analizar la regularidad constitucional de las normas y, en su momento, declarar su invalidez, para lo cual se requerirían al menos 8 votos de los 11 ministros que conforman el Pleno del máximo Tribunal del país", concluyó el abogado.
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