Un juez en México dio una sentencia condenatoria en contra de Abdy Silvano Escalante Zurita, presunta cabecilla del grupo criminal Los Zetas, por los delitos de delincuencia organizada y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dentro del cargo, el juez de procesos especificó la hipótesis de cometer el crimen de acopio de armas de fuego que son de uso exclusivo para el Ejército mexicano, la Armada, la Fuerza Aérea, y contra la salud. Además, la posesión de cartuchos y armas que puedan portarse por particulares con previa licencia expedida por una autoridad competente.
A Abdy se le relaciona con Jaime González Durán, encargado de la plaza, también conocido como El Hummer: fue dentro del domicilio de éste último donde fue detenido por las autoridades. Ambos pertenecían a la organización delictiva de Los Zetas.
El Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó la sentencia de 32 años y seis meses de cárcel y 2,100 días de multa. El acusado se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social, número 14 “CPS-Durango”, en Gómez Palacio, en el estado de Durango.
El sentenciado fue arrestado en noviembre de 2008 por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en Reynosa, Tamaulipas, dentro de un inmueble localizado en la colonia Ramón Pérez García. En el operativo se incautaron diversas armas de fuego, granadas, cartuchos, y cargadores.
El pasado 21 de agosto, El Amarillo o El Gordo, presunto líder del grupo criminal Los Zetas en las entidades federativas de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, y Campeche, recibió una sentencia condenatoria por un juez federal de México por su responsabilidad de los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina, así como la portación de armas de fuego y posesión de cartuchos; todos de uso exclusivo del Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea.
Se ejerció una acción penal, sin ser detenido, en contra de Mauricio Guízar Cárdenas el 17 de septiembre de 2012 por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos mencionados anteriormente.
Dos días después de la determinación se libró la orden de aprehensión en su contra por los delitos consignados. Fue cumplimentada el 25 de septiembre de ese mismo año, por lo que quedó preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Por otro lado, este martes se cumplieron 10 años del peor crimen de los Zetas: la matanza de San Fernando. El 25 de agosto de 2010, Luis Freddy Lala Pomavilla, de 18 años, llegó a un retén del ejército en la frontera entre México y Estados Unidos. El ecuatoriano informó a las autoridades que había sido secuestrado por una agrupación del crimen organizado junto con otros migrantes que cruzaban el territorio nacional para llegar a Estados Unidos. Luis Freddy y un compañero escaparon, los demás fueron ejecutados. Eran 72 personas en el municipio de San Fernando.
La masacre de San Fernando, o la masacre de los 72, es uno de los casos más icónicos del despliegue de la violencia ligada al narcotráfico en México. Y, a diez años del suceso, también es un recordatorio de la impunidad que goza el crimen en el país y la negligencia del Estado en la procuración de los derechos humanos dentro del territorio.
En 2013, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) envió a México al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
En su informe preliminar, el relator destacó que “según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 170 migrantes han sido asesinados en el país desde 2005, incluyendo la muerte masiva de 72 inmigrantes en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. Al parecer, existe un vínculo directo entre las desapariciones y asesinatos de migrantes, el crimen organizado y la complicidad de la policía de investigación y otras autoridades.”
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