Los ex legisladores que votaron “sí” a la Reforma Energética y ahora son gobernadores

Ocho mandatarios se encuentran bajo el escrutinio por el insospechado alcance del caso Lozoya y los supuestos sobornos para modificar la Constitución

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Aunque Miguel Barbosa se opuso
Aunque Miguel Barbosa se opuso a la reforma energética, actualmente también ha sido señalado de recibir dinero durante este proceso. (Foto: Jovani Pérez Silva/Infobae México)

La colaboración de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la Fiscalía General de la República (FGR) tendría alcances insospechados, pues en la lista de legisladores que aprobaron la reforma energética de Enrique Peña Nieto, figuraban miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), quienes actualmente son gobernadores en algún estado de la República.

Por parte del PRI estaban Omar Fayad, actual mandatario en Hidalgo, y Claudia Pavlovich, quien es la gobernadora de Sonora. En el caso del blanquiazul, la lista es más larga, pues implicaría a Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro, de Durango; y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro.

Domínguez Servién ya se vio relacionado de manera más directa en este asunto, debido a la filtración de un video en donde se observaba a Guillermo Gutiérrez Badillo, quien trabajó en el Senado durante la administración pasada y hasta hace unas horas se desempeñaba como su secretario particular, recibiendo fajos de dinero, los cuales supuestamente serían sobornos para que se aprobara la reforma energética.

Tras la publicación del video en el que Gutiérrez Badillo era uno de los protagonistas, Domínguez Servién decidió separarlo de su cargo y deslindarse de sus acciones, de las cuales mencionó no saber nada.

(Foto: Henry Romero/Reuters)
(Foto: Henry Romero/Reuters)

“Con relación al video que circula en redes sociales y donde aparece un colaborador mío, aclaro que nunca tuve conocimiento de los supuestos actos de esta persona. Como siempre, en apego a la ley, determiné su cese inmediato”, escribió.

La decisión de retirarlo de su cargo la tomó con el fin de que el ex funcionario señalado pueda contribuir en el esclarecimiento y deslinde de las responsabilidades del video difundido ante la autoridad competente. “Nunca he cometido acto indebido alguno, por lo que reitero mi disposición para colaborar con las autoridades antes de cualquier otro hecho”, resaltó el gobernador queretano.

Por su parte, el PAN reiteró su “total compromiso” con el combate a la corrupción y respecto al video, el dirigente nacional de la organización, Marko Cortés, solicitó a la Fiscalía mexicana que se investigue y proceda de inmediato “contra quienes resulten responsables”. Además detalló que si se confirma el hecho de que son militantes del PAN, se procedería a su inmediata expulsión.

En este sentido cabe recordar que, según el diario Reforma, Lozoya declaró ante las autoridades federales haber dado millones de pesos en sobornos a legisladores del PAN para que se aprobara el Pacto por México y entre algunos de los nombres que mencionó destacan el de Ricardo Anaya, entonces presidente de la Cámara de Diputados, y el del senador Ernesto Cordero, quienes han negado todo.

Reciente información también implicaría al
Reciente información también implicaría al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. (Foto: Cuartoscuro)

Otro actual gobernador que recientemente se vio implicado en las acusaciones de Emilio Lozoya es Miguel Barbosa, mandatario de Puebla por Morena, pero que en los tiempos de las reformas estructurales fungía como senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De acuerdo con documentos que el periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer en su noticiero, Barbosa Huerta habría sido uno de los siete legisladores que recibieron sobornos millonarios, junto a Ricardo Anaya, entonces diputado del PAN; Francisco Domínguez, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle, senadores del mismo partido; así como David Penchyna, ex senador del PRI.

Ante estas acusaciones, Barbosa negó haber tenido relación alguna con Lozoya, “Nunca hablé con él telefónicamente, menos lo vi personalmente”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por ello, rechazó haber gestionado la reubicación laboral de uno de sus hermanos de Guerrero a las oficinas centrales de Pemex, “tan es así, que hasta la fecha sigue siendo ingeniero en una planta de gasolina de esa empresa”.

Además, aseguró que Lozoya tendrá que presentar pruebas: “Reto al señor Lozoya a presentar una sola prueba de ello”. Asimismo, dijo que pondrá una demanda por daño moral, pues su posición para la Reforma Energética fue “públicamente en contra y de ello hay registros en el Senado”.

La investigación también ha alcanzado
La investigación también ha alcanzado al ex presidente Peña Nieto.(Foto: Cuartoscuro)

A excepción de Domínguez Servién, los gobernadores del PAN y PRI no se han pronunciado en torno a los supuestos sobornos para aprobar la reforma, pero en su momento, algunos como Pavlovich o Fayad se encargaron de promocionarla y mencionar los beneficios que representaría para la disminución de precios y tarifas en el pago de luz o gasolina.

Lozoya Austin ya fue vinculado a proceso por el delito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no fue a prisión ni fue sometido a resguardo domiciliario, por lo que ha continuado con su proceso en libertad, durante el cual también ha colaborado con las autoridades mexicanas.

El objetivo de proporcionar información a la Fiscalía sería disminuir su posible castigo e incluso presentó ante la FGR una denuncia contra el ex presidente Peña Nieto, de quien fuera su mano derecha, y contra Luis Videgaray, el ex titular de dos Secretarías en el sexenio pasado.

De acuerdo con el relato del ex funcionario, Peña Nieto y Videgaray dirigieron y repartieron los sobornos que la compañía Odebrecht habría pagado en México para inyectar en la campaña presidencial del primero en 2012 y también aquellos recursos que fueron destinados a legisladores para aprobar reformas estructurales entre 2013 y 2014.

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