La justicia para las mujeres aún resulta ser una realidad poco alcanzable y con penas más severas en comparación con los hombres, revela un diagnóstico elaborado por Reinserta, asociación civil que busca romper con los círculos de la delincuencia y violencia, trabajando con el sistema penitenciario mediante diversos programas y estudios.
Según su “Diagnóstico sobre la percepción de la defensoría penal en México”, 2,503 entrevistas realizadas a hombres y 503 a mujeres, demuestran que ellas son castigadas con más años de prisión. Mientras este sector puede recibir penas de hasta 23 años, los hombres reciben 17 años por haber cometido el mismo delito.
Los cuestionarios se llevaron a cabo en distintos centros penitenciarios del país, incluidos Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo y Ciudad de México.
Además, la investigación también demuestra que las mujeres tienden a solicitar más los servicios de un abogado privado, que cambian hasta tres veces, y en el que gastan hasta 50 % más que los hombres. A pesar de ello, las mujeres encuestadas calificaron mejor a sus defensores, que ellos.
Por otro lado, robo, secuestro y homicidio equivalen a 68% de los delitos cometidos por las mujeres encuestadas. Es la misma cifra con los hombres para los ilícitos de hurto, asesinato y violación. Otros de los actos delictivos más cometidos por hombres y mujeres son el tráfico de droga, extorsión, pandilla, y delincuencia organizada.
Con información de El Reforma y El Universal, Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta, explica que el motivo por el cual este sector recibe penas más largas, es el estigma social que tiene “se tiene muy arraigado el concepto de que la mujer es una figura inmaculada. Cuando comete un conducta reprobable, el reproche social es más duro que hacia los hombres”, señaló.
Abogados deficientes
Asimismo, el estudio define que mientras los hombres cambian de abogado una vez durante el proceso judicial, las mujeres lo hacen tres, ya que consideran que no las defienden bien, invirtiendo cerca de 155,593 pesos, mientras que los hombres 100,521 pesos.
Bajo estas condiciones, Dorantes dijo que el estudio debe ayudar a mejorar la actuación de los defensores públicos y hacer visible la necesidad de defender y juzgar con perspectiva de género.
“Los abogados tienen las herramientas para que los órganos jurisdiccionales puedan emitir resoluciones con perspectiva de género para que cambie la impartición de justicia”, agregó.
El informe deja ver el mal desempeño de abogados privados y de oficio en México. De las 3,073 personas encuestadas, el 40 % calificó con cero el desempeño de sus defensores.
“Los servicios de defensoría son muy deficientes en México, 65% de los encuestados calificó de cero a cinco los servicios de sus abogados. Las deficiencias son sistemáticas y generalizadas”, indicó la directora.
Acceso nulo a higiene íntima
Además de padecer su proceso legal, la higiene íntima también es una realidad poco alcanzable para las mujeres presas en las cárceles mexicanas. Por lo que durante años han tenido que recurrir a usar playeras, trapos y otras prendas de ropa, aumentando así el riesgo de sufrir infecciones.
El Sistema Penitenciario Mexicano no las provee de éstas ni de otros insumos para la menstruación. Los familiares de las reclusas deben llevarlos durante las visitas o ellas tienen que trabajar extra para comprarlas en aproximadamente 80 pesos, cuando en supermercados regulares el costo es de alrededor de 40 pesos, informó El Universal.
La Secretaría de Salud (SSA), dijo a través de los órganos de transparencia que no tiene información sobre compras de toallas femeninas destinadas a los centros de readaptación, según el medio mexicano.
Organizaciones como Human Rights Watch y Wash United argumentan que tener acceso a insumos para la higiene durante el periodo es fundamental para garantizar la equidad de género.
Actualmente, este tipo de organizaciones se organizan para llevar kits de higiene personal cada semana. Juntas formaron Red de Mujeres por la Libertad, que ayuda a las reclusas para que tengan una vida digna dentro de los Centros de Rehabilitación Social, y para ayudarlas cuando salen de ellos.
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